El día 12 de agosto de 2025 llegaron al dominio público grabaciones que revelan a Diego Spagnuolo, director de la Autoridad Nacional de Discapacidad, negociando pagos indebidos con laboratorios farmacéuticos. Este hallazgo ha disparado una investigación del Ejecutivo, la salida de Spagnuolo del cargo y el rechazo por parte del Congreso del veto presidencial de Javier Milei, provocando fuertes polémicas dentro del gobierno.
El lunes 12 de agosto de 2025, los audio de negociaciones de coimas fueron difundidos por grupos de prensa alternativa. En las grabaciones se escucha una conversación entre Diego Spagnuolo, director en funciones de ANDIS, y representantes de laboratorios farmacéuticos, donde se menciona la transferencia de fondos a través de cuentas externas.
El mismo dia 20 de agosto 2025, el Gobierno oficializó la apertura de una investigación interna, con la designación del mismo Spagnuolo como punto de referencia, y activación de la comisión de integridad pública LIBRA. El Ejecutivo pidió a la Agencia Nacional de Transparencia que revísara los contratos firmados con proveedores de medicinas.
Simultáneamente, el Congreso retiró el veto presidencial presentado por Javier Milei, que buscaba impedir el aumento de los beneficios de jubilaciones, y el veto fue anulado por la Corte Suprema el 25 de agosto. El rechazo del veto y la anulación ocurrieron tras el debate sobre la legalidad de las grabaciones, lo que generó acusaciones de interferencia política.
El 21 de agosto 2025 se confirmó la desvinculación de Spagnuolo de ANDIS, tras la conclusión preliminar de la auditoría de los contratos farmacéuticos. En la sesión parlamentaria del 27 de agosto 2025, el diputado Guillermo Francos defendió que la filtración de las grabaciones tiene motivaciones partidistas.
A pesar del drama, en las auditorías no se encontraron valores concretos relacionados con las coimas, y no se confirmó vínculo alguno con la familia Menem ni con la exregina Karina.
El escándalo de los audio ha generado un debate mediático y político intenso, con sectores críticos que exigen la renuncia de Spagnuolo y otras figuras vinculadas, mientras que opositores del gobierno sostienen que el asunto es un montaje. El Congreso está considerando la apertura de una investigación de carácter penal sobre los contratos farmacéuticos firmados durante la gestión de Spagnuolo.