Tras el rebote de las asignaciones federales, los gobernadores denuncian que los recursos aún llegan con demora, lo que amenaza la continuidad de programas y servicios públicos.
Los pagos que el Gobierno Nacional ha estado canalizando a las provincias, conocidos como “giros”, han vuelto a subir tras el fuerte descenso que se vivió durante la pandemia de COVID‑19. Según la última información del Ministerio de Finanzas, los montos entregados en los primeros años de 2025 se acercan al 70 % de los niveles de 2019, marcando un repunte frente a la inestabilidad del 2022‑2023.
A pesar de este alza, la provincia de Mendoza –por ejemplo– ha señalado que el cumplimiento de su presupuesto se ve comprometido porque los giros se realizan con retraso y con recortes en subcategorías específicas. Otras provincias, como Salta y La Pampa, comparten el mismo reclamo: “El dinero sigue llegando con las fechas previstas”, afirman sus gobernadores.
El debate se centra en la forma en que se calculan las asignaciones y en las garantías de que los fondos se distribuyan de manera planificada y sin contingencias administrativas. El Ministerio ha declarado que se está trabajando en un nuevo mecanismo de seguimiento que permita a los gobiernos provinciales conocer, con antelación, la fecha exacta de cada transferencia.
Para las provincias, cualquier demora se traduce en cortes en la construcción de obras públicas y en la prestación de servicios esenciales como la salud y la educación, que dependen de los importes federales para cubrir sus costos. A la medida que el país retoma su crecimiento, la presión sobre la administración central se intensifica para garantizar que el flujo de recursos sea oportuno y confiable.
Con la recuperación de los giros, la expectativa es que las provincias puedan avanzar con sus planes de desarrollo regional, pero la falta de garantías de liquidez continua como punto crítico en el diálogo entre la nación y sus provincias.