La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) ha prohibido la comercialización de dispositivos de agua de red domiciliaria y los filtros de repuesto de varias marcas extranjeras por riesgo a la salud pública. La medida afecta a siete proveedores reconocidos a nivel global.
Situación
En una reciente decisión oficial, ANMAT declaró ilegales el uso comercial de equipos que permiten la provisión de agua potable mediante la red domiciliaria y sus correspondientes filtros de repuesto. La autoridad señaló que los productos no cumplen con los estándares sanitarios exigidos para garantizar la pureza y seguridad del agua consumida.
Marcas afectadas
Los dispositivos y filtros prohibidos pertenecen a las siguientes marcas: GOWAVE, WATER PURIFIER, WATER FUSION, AGOA HOME, PENTAIR, OSVAN y ELECTROLUX.
Motivos de la prohibición
El organismo citó dos pilares fundamentales: 1) la ausencia de estudios clínicos y certificaciones que demuestren la inocuidad del agua procesada por estos equipos; 2) evidencias de contaminaciones potenciales derivadas de la falta de control de la calidad del agua filtrada. La combinación de ambos factores plantea un riesgo real para la salud de los consumidores.
Impacto y medidas inmediatas
ANMAT ordenó el retiro de los dispositivos y filtros de los establecimientos de venta y la retirada de los mismos de la disponibilidad comercial. Además, se anunció una campaña de información dirigida a los consumidores para que revisen sus equipos domésticos y, de ser necesario, reemplacen los filtros por modelos que cuenten con certificaciones sanitarias. La autoridad reitera su compromiso de seguir monitoreando los procesos de producción y la trazabilidad de los componentes utilizados en estos productos.
Más acciones de ANMAT
Esta prohibición forma parte de una serie de medidas recientes, donde ANMAT ha suspendido el comercialización de otros productos considerados ilegales, como lavandina en polvo, ciertos medicamentos y cosméticos de marcas distintas. La normativa refleja la postura firme del organismo ante la vulnerabilidad de la población frente a productos que no cumplen con las normativas de salud pública.