El Gobierno argentino anunció hoy que no activará el protocolo antipiquete durante la marcha del 25 de septiembre que protesta contra el veto de Javier Milei al financiamiento universitario. Esta decisión vino tras la derrota de la medida en el Congreso, la anulación del veto por la Corte Suprema y la participación masiva de 1.100 efectivos federales en la protesta del Congreso.
Decisión del Gobierno sobre el protocolo antipiquete
El ministro de Seguridad, Patricía Bullrich, pronunció que la policía no recorrerá las vías alrededor del Congreso durante la marcha del 25 de septiembre y que se evitará la presencia de convoyes de patrulla.
La Marcha y su contexto político
La protesta, organizada por universidades de Todo el ámbito académico, contó con la presencia de 1.100 efectivos federales enviados por el ministro Bullrich. Los manifestantes exigieron la reversión del veto presidencial del 20 de agosto de 2025 al proyecto de Ley de Financiamiento Universitario, aprobado con un presupuesto de 6,5 billones de pesos y destinado a 600 000 beneficiarios.
Historia del veto y la ley
El veto fue presentado el 20 de agosto de 2025 y fue rechazado por el Congreso el mismo día. El 25 de agosto la Corte Suprema anuló el veto, permitiendo que la ley entren en vigencia. Antes de la polémica, la ley había sido aprobada el 27 de julio de 2023 en la Legislatura de la Nación.
El protocolo antipiquete y su repercusión
El protocolo antipiquete, que incluye la recolección de rutas y el despliegue de policías en carriles alternativos, se ha usado en protestas previas al Congreso, incluyendo la marcha de 13 de marzo de 2025 frente a la Casa Rosada. El Gobierno decidió hoy no aplicar ese sistema para la marcha del 25 de septiembre, buscando reducir tensiones y facilitar la libre circulación de los manifestantes.
Reacciones y perspectivas
La decisión ha generado distintas reacciones: algunos académicos y estudiantes consideran que la medida refuerza el Derecho a la protesta, mientras que la administración judicial de Milei defiende la necesidad de mantener la seguridad pública. La protesta del 25 de septiembre ya es parte de una serie de manifestaciones que han marcado la agenda política desde la publicación del veto en agosto.