El presidente Milei lamenta que el Congreso revierta su veto sobre la asignación de fondos a la Universidad y al Hospital Garrahan, pero el gabinete plantea que la cuestión no tendrá salida judicial.
El 22 de agosto de 2025, la Cámpu de la Cámara de Diputados revocó el veto presidencial de Javier Milei sobre cinco decretos bloqueantes que impedían el desembolso de recursos para la Universidad de Buenos Aires, el Hospital Garrahan y otras instituciones públicas. La decisión se produjo a simple vista de una legislación que el presidente había propuesto con la finalidad de liberar los fondos bloqueados por el veto de su propio Gobierno y reestructurar la inversión en ciencia y educación.
El rechazo a la revocación no pasó desapercibido. Desde el inicio del proceso el Gobierno había contado con el apoyo de una mayoría de diputados y espera que la sanción se aplique en el marco de la ley. El presidente manifestó que no tiene intención de acudir al sistema judicial, pues la Constitución argentina no contempla una vía directa para los hechos que suceden en el Congreso.
El revés se produjo a mitad de un contexto económico complicado: a inicios de octubre el déficit fiscal de 2025 se sitúa en el 8,5 % del Producto Interno Bruto. En las mismas fechas, el mercado cambiario se mantuvo alrededor de 200 pesos al dólar oficial y 210 pesos al blue, con una diferencia de 10 pesos que reflejó la volatilidad del dólar. El Banco Nación también aumentó su tasa oficial para frenar la fuga de capitales.
Con paralelismos sociales, el 22 de agosto 2025 también se anotó la colocación de 460 trabajadores en disponibilidad, 343 de INTA y 117 de otros organismos, una medida que buscó mitigar los efectos de la recesión en el sector público.
Ante la revisión de la Corte Suprema, que anularía formalmente el veto del 25 de agosto de 2025, el gobierno recalca que no buscará un reclamo judicial, sino que seguirá el camino constitucional y legal. La incertidumbre política se cierne sobre la continuidad de las políticas de Milei, sin embargo, el Ejecutivo mantiene la convicción de que el mandato sigue en plena vigencia de la Constitución.