El gobierno argentino presentó una serie de argumentos para evitar perder el 51 % de la petrolera estatal YPF tras la demanda de la firma Burford de 16.000 millones de dólares. En una audiencia del 15 de septiembre, la defensa giró en torno a la legalidad de la expropiación, el interés nacional y la valoración de la compañía.
El 27 de agosto de 2025, el juez federal Jorge Preska ordenó a YPF la entrega de datos sobre sus activos como parte de la demanda de Burford, que busca una compensación de 16.000 millones de dólares por la adjudicación del 51 % de sus acciones.
**Contexto histórico**
• YPF se convirtió en empresa estatal en 2012 tras la expropiación de su control privado.
• En agosto de 2025, el mercado de la energía argentina se vio marcado por la reestructuración exitosa de Aconcagua Energía, donde el ex CEO de YPF asumió la dirección bajo la nueva entidad Tango Energy.
**Argumentos presentados por el gobierno argentino**
1. **Legalidad de la expropiación** – La expropiación de 2012 se realizó conforme a la legislación nacional vigente y el Estado tiene derecho a revocar el accionariado en beneficio del sector público.
2. **Interés nacional** – YPF es estratégica para la soberanía energética argentina; la pérdida de participación estatal comprometería la autosuficiencia y la capacidad de inversión en infraestructura.
3. **Valoración financiera** – La empresa sostiene que el monto reclamado no corresponde al valor real de los activos. Se argumenta que la valoración realizada por Burford no considera las inversiones de capital y los beneficios futuros.
4. **Protección a los acreedores** – La expropiación y la posterior intervención se realizaron para salvaguardar los intereses de los acreedores y garantizar la continuidad operativa.
**Reacción del sector**
– Burford ha declarado que seguirá exigiendo la transferencia de las acciones y la reparación del daño.
– YPF, bajo el liderazgo de Tango Energy, sigue expandiendo sus proyectos de LNG, con el objetivo de alcanzar 3 Mtpa y consolidar su presencia internacional.
**Impacto electoral y económico**
El caso se desarrolla en medio de una agenda política repleta de elecciones provinciales y legislativas en septiembre y octubre de 2025, donde la postura del gobierno sobre la energía es decisiva para la campaña presidencial.
**Próximas etapas**
– El tribunal se ha pospuesto hasta la audiencia del 15 de septiembre, donde se evaluará la viabilidad de las demandas y se decidirá sobre la entrega de acciones.
– Se espera que el gobierno solicite una suspensión de la acción mientras se presenta la respuesta formal en los tribunales de EE. UU.