El gobierno argentino anunció el 29 de agosto de 2025 que declare crisis a dos de las obras sociales que atienden a profesionales del sector transporte, incrementando la cifra oficial de obras en crisis a catorce. La medida, propuesta por el ministro Caputo durante la última sesión del Congreso, incluye la obra social de los choferes de taxis de Córdoba y una segunda entidad aún no nombrada públicamente.
Declaración oficial
El 29 de agosto de 2025 el ministro Luis Caputo anunció que el gobierno declaró crisis a dos obras sociales, sumando catorce en la lista oficial de entidades en crisis según los criterios del Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo.
Obras sociales implicadas
La obra social de choferes de taxis de Córdoba fue declarada oficialmente en crisis, siguiendo un análisis de sus balances financieros y la insuficiencia de recursos para cubrir los requerimientos de atención médica de sus afiliados.
Hasta la fecha no se han revelado los datos de la segunda obra social incluida en la medida; se espera que los detalles se publiquen pronto.
Implicaciones y próximo planes
Una declaración de crisis implica la apertura de auditorias internas, posibles recortes en la cobertura de servicios, y la aplicación de sanciones ante incumplimientos. El gobierno indica que las obras sociales afectadas podrán recibir asistencia económica del Estado durante la fase de reorganización, pero deberán cumplir con los requisitos financieros y administrativos estipulados.
El Ministerio de Salud coordinará con la Confederación de Obra Social para asegurar la continuidad de la atención a los afiliados durante el proceso de reestructuración.
Reacción del Congreso
Durante la última sesión, el Congreso aceptó la propuesta del gobierno pero solicitó mayor información sobre los criterios que se aplican a las obras sociales. Se pidió a la Asamblea Nacional que supervisar el cumplimiento de las obligaciones financieras y la transparencia de los procesos de auditoría.
Contexto económico
La medida forma parte del plan de ahorro y eficiencia que se implementó tras el déficit fiscal del 8,5 % del PIB en 2025. El enfoque busca estabilizar la carga fiscal del Estado a través de una mayor disciplina en los servicios públicos y evitar que las instituciones médicas queden sin recursos para cubrir la atención de miles de afiliados.