El gobierno argentino presentó el 21 de octubre de 2025 una reforma que desregula el mercado eléctrico, reviviendo el esquema de los años noventa y eliminando los subsidios. La medida permite a grandes usuarios contratar directamente con generadoras y fija los precios según la oferta y demanda, con la promesa de tarifas más justas y mayor competitividad.
Contexto y objetivo de la reforma
Desde la última década Argentina ha mantenido un esquema de subsidios a la energía eléctrica que ha encarecido la carga fiscal y ha distorsionado el mercado. Con la aprobación de la nueva normativa, el Ejecutivo busca restablecer el modelo de mercado mayorista que vigoró en la década de 1990, cuando la generación y la distribución se separaron y los precios se fijaban por la dinámica de la oferta y la demanda.
Principales cambios
- Fin de los subsidios directos: El Estado dejará de financiar parte de la factura eléctrica, lo que implica la eliminación de los subsidios que representaban un costo significativo para el presupuesto nacional.
- Contratación libre para grandes consumidores: Empresas con consumos elevados podrán negociar directamente con generadoras, elegir el tipo de energía y pactar precios de forma libre.
- Precios determinados por el mercado: Los costos de la energía se formarán mediante subastas y ofertas en un Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), sin la intervención de precios regulados.
- Transparencia y acceso a la información: Se crearán plataformas digitales donde todos los participantes podrán consultar precios, volúmenes y condiciones de contratación.
Impacto esperado
Los analistas anticipan que, al eliminar los subsidios, el gasto público en energía se reducirá, lo cual podría liberar recursos para otras áreas prioritarias. Para los consumidores finales, la expectativa es que, a mediano plazo, la mayor competencia entre generadoras genere una bajada de tarifas.
Sin embargo, la medida también plantea desafíos: los usuarios residenciales que no pueden contratar directamente podrán sentir los efectos de la transición en sus facturas, y será necesario implementar mecanismos de protección para evitar aumentos bruscos.
Reacciones del sector
Empresas del sector energético han expresado optimismo, señalando que la reforma abre oportunidades de inversión y permite una mayor planificación de la producción. Por su parte, organizaciones de defensa del consumidor piden que el gobierno garantice tarifas sociales y mecanismos de acompañamiento para los sectores vulnerables.
Próximos pasos
El nuevo marco regulatorio entrará en vigor a partir de diciembre de 2025, con un período de adaptación de seis meses para que generadoras y grandes consumidores ajusten sus contratos. El Ministerio de Energía y Minería supervisará la correcta implementación y publicará informes mensuales sobre la evolución del mercado.