La oposición parlamentaria ha puesto una condición clara al debate del presupuesto 2026: que el presidente Javier Milei asigne los fondos exclusivamente a las leyes ya aprobadas por Congreso. La medida, impulsada por Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, busca evitar proyectos de gasto impropios y obliga al gobierno a negociar el voto del presupuesto.
Contexto político y económico
El Gobierno de Javier Milei se enfrenta al proceso de aprobación del presupuesto nacional para el ejercicio 2026, que contempla cerca de US$ 210.000 millones en ingresos y gastos. Desde su asunción en diciembre de 2023, la administración ha promovido una profunda reestructuración fiscal, pero la carga de financiar nuevas leyes sigue generando tensiones.
La condición de la oposición
Durante una serie de sesiones en la Cámara de Diputados, los principales bloques opositores –Juntos por el Cambio y el Frente de Todos– acordaron condicionar su apoyo al debate presupuestario a que el Ejecutivo destine los recursos exclusivamente a las leyes que ya fueron aprobadas por ambas cámaras. La exigencia incluye, entre otras, la Ley de Aportes al Sector Agropecuario y la reforma del Sistema de Pensiones, ambas promulgadas en 2024.
Objetivos de la medida
- Garantizar la ejecución de normas con respaldo parlamentario.
- Evitar la inserción de proyectos de gasto ad hoc durante el debate.
- Presionar al presidente para que respete la separación de poderes en materia financiera.
Negociación del voto al presupuesto
Según reportes de Página/12, el gobierno está negociando con los diputados el voto necesario para aprobar el presupuesto 2026. El ministro de Economía, Luis Caputo, ha sido citado por la oposición como figura clave para defender los rubros destinados a las leyes aprobadas.
Reacciones de los actores involucrados
El presidente Milei, a través de su oficina de prensa, calificó la postura de la oposición como “un intento de bloquear la agenda de reforma” y reiteró su disposición a dialogar, siempre que se respeten los principios de su gobierno. Por su parte, el senador Juan Manzur (Frente de Todos) señaló que la medida busca “evitar que se malgasten recursos en proyectos sin consenso”.
Próximos pasos
El Congreso tiene previsto iniciar el debate formal del presupuesto el 15 de noviembre de 2025. Se espera que, antes de esa fecha, se concrete un acuerdo que incluya la lista de leyes aprobadas y los montos asignados a cada una. De no alcanzarse, la oposición ha advertido que podrá presentar una moción de censura al Ejecutivo.