La Universidad Nacional del Sur (UNS) presentó una demanda ante la Justicia para anular el decreto que suspendió la Ley de Financiamiento Universitario, calificándolo de inconstitucional. La medida se suma a acciones judiciales de otras casas de estudio y del Hospital Garrahan contra la política de austeridad del gobierno de Javier Milei.
La UNS lleva el caso a la Justicia
La Universidad Nacional del Sur (UNS) anunció que interpuso una acción judicial para que se declare nulo el decreto que suspendió la Ley de Financiamiento Universitario. Según la universidad, el decreto vulnera la Constitución al afectar el derecho a la educación superior y el principio de autonomía universitaria.
Contexto de la Ley y la medida de suspensión
La Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso a finales de 2023, buscaba garantizar recursos estables para las universidades públicas y reducir la carga de matrícula para los estudiantes. En 2024, el gobierno encabezado por Javier Milei emitió un decreto que suspendió la normativa, argumentando la necesidad de ajustar el gasto público dentro de su plan de estabilización macroeconómica.
Otras instituciones también se suman al litigio
Además de la UNS, varias universidades públicas y el Hospital Garrahan presentaron demandas similares, acusando al gobierno de incumplir obligaciones presupuestarias y de vulnerar la salud y la educación. Los reclamos se han convertido en una corriente judicial que busca frenar la política de recorte de fondos.
Acciones colectivas de la comunidad docente
Un docente de la Universidad Nacional del Sur inició una acción colectiva para que se anule el decreto y se restablezca la Ley de Financiamiento Universitario. La iniciativa cuenta con el respaldo de varios gremios docentes que consideran que la medida afecta a cientos de miles de estudiantes y profesionales de la educación.
Repercusiones políticas y económicas
El conflicto judicial pone de relieve la tensión entre las políticas de ajuste fiscal del gobierno y la demanda de la sociedad por garantizar la educación pública. Analistas señalan que la decisión de los tribunales podría sentar un precedente importante sobre la capacidad del Estado para modificar leyes aprobadas por el Congreso mediante decretos ejecutivos.