En enero de 2021 la administración de Donald Trump anunció sanciones contra Gustavo Petro, presidente de Colombia, alegando vínculos con el narcotráfico. La medida intensifica la tensión diplomática entre ambos países y genera debate sobre su impacto en la política interna colombiana.
Antecedentes de la sanción
El Departamento del Tesoro de EE.UU., a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), incluyó al presidente Gustavo Petro en la llamada “Lista Clinton”, un registro que prohíbe a ciudadanos y empresas estadounidenses cualquier transacción con los sancionados.
Motivos alegados por la administración estadounidense
Según el comunicado oficial, la sanción se basa en presuntos vínculos de Petro con organizaciones vinculadas al narcotráfico y a la financiación de grupos armados ilegales. La OFAC señaló que existen indicios de que Petro habría facilitado actividades ilícitas que comprometen la seguridad del Estado colombiano.
Reacción del gobierno colombiano
Petro rechazó enérgicamente la medida, calificándola de “politización del combate al narcotráfico” y de un intento de “desestabilizar su gobierno”. El mandatario afirmó que la sanción es una represalia por sus políticas de reforma agraria y de lucha contra la corrupción.
Impacto diplomático
La sanción ha generado una escalada de tensiones entre Washington y Bogotá. Mientras EE.UU. mantiene su postura de presión contra el narcotráfico, el gobierno colombiano ha anunciado la revisión de los acuerdos bilaterales de cooperación en seguridad y desarrollo.
Contexto regional
Este episodio se suma a una serie de medidas estadounidenses dirigidas a gobiernos de la región que, según Washington, no colaboran suficientemente en la lucha contra el tráfico de drogas. La sanción a Petro marca el primer caso de un presidente en ejercicio de un país latinoamericano incluido en la lista.
Perspectivas a futuro
Expertos opinan que la medida podría afectar la inversión extranjera en Colombia y complicar la agenda de reforma del gobierno. Sin embargo, también advierten que la presión internacional podría impulsar mayores acciones contra el narcotráfico dentro del país.