El abogado de la ex‑cantante de Bandana, Lourdes Fernández, sostuvo que la víctima vivió una «soga psicológica» que limitó su capacidad de decidir. La denuncia surge tras su rescate policial en octubre de 2025 y la intervención de la actriz Lissa Vera, quien afirmó haber presentado la querella contra los agresores.
Contexto y rescate
En octubre de 2025 la policía nacional llevó a cabo la liberación de Lourdes Fernández, exintegrante del grupo pop Bandana, quien había estado bajo una forma de aislamiento y control. Según los informes de la prensa, el novio de la cantante confirmó que ella “no quería salir” del domicilio, señalando una situación de dependencia emocional.
La teoría de la “soga psicológica”
El abogado defensor de Fernández, Juan Martínez, describió el caso como una «soga psicológica», concepto que se refiere a la presión mental ejercida sobre la víctima para que permanezca bajo el dominio del agresor, sin posibilidad de tomar decisiones libres. Esta teoría sostiene que, aunque no existan ataduras físicas visibles, la manipulación emocional y el miedo generan una prisión invisible que puede resultar tan grave como el encarcelamiento físico.
Declaraciones de la familia y la prensa
La familia de Lourdes ha difundido detalles sobre su estado de salud y su proceso de recuperación, indicando que la cantante se muestra estable y cooperativa con las autoridades. Medios como Infobae y Página | 12 publicaron entrevistas donde se subraya la voluntad de la artista de retomar su vida y reconstruir su carrera.
Intervención de Lissa Vera y la denuncia
La actriz Lissa Vera manifestó que, sin presentar la denuncia, la situación de Lourdes podría haber tenido un desenlace aún más crítico. Vera aseguró haber colaborado con la investigación y haber aportado pruebas que permitieron la intervención policial.
Reacción judicial
Ante la justicia, Lourdes Fernández declaró que la detención fue una “experiencia traumática” y reiteró la necesidad de reconocer la violencia psicológica como delito. El caso ha sido tomado por los fiscales como una oportunidad para reforzar la legislación contra el maltrato invisible.