En la antesala de las elecciones legislativas de 2025, el bloque Fuerza Patria se enfrenta a una pugna interna que pone en juego 13 de las 24 bancas del Senado que se renovarán. La disputa implica a dirigentes históricos, rivalidades regionales y el riesgo de perder protagonismo frente a coaliciones tradicionales como el PRO y la UCR.
Contexto electoral 2025
Las elecciones legislativas de 2025 renovarán 24 escaños del Senado argentino. De esas plazas, 13 están históricamente vinculadas a la fuerza política de Fuerza Patria, que busca mantener o ampliar su representación.
Divisiones internas dentro de Fuerza Patria
El bloque atraviesa una fisura entre sus dirigentes nacionales, quienes promueven una candidatura centralizada, y liderazgos provinciales que reclaman mayor autonomía para seleccionar a los candidatos a senadores. Esta tensión ha generado debates públicos y la presentación de distintas listas en varios distritos.
Los actores clave
- Figuras históricas del movimiento, que representan la línea fundadora y defienden la unidad del bloque.
- Representantes regionales, que buscan adaptar la agenda a las realidades locales y demandan mayor participación en la decisión de candidatos.
Ambas facciones coinciden en la necesidad de superar la brecha electoral, pero discrepan en la estrategia de alianzas con otras fuerzas, como el PRO y la UCR, que también están en la contienda por las mismas bancas.
Escenarios posibles en el Senado
Según analistas políticos, el resultado de esta disputa definirá el equilibrio de poder en la cámara alta. Si Fuerza Patria logra consolidar una lista única y competitiva, podría retener las 13 bancas y ejercer un papel decisivo en la aprobación de leyes. En caso contrario, el oficialismo y las coaliciones opositoras (principalmente PRO y UCR) podrían captar esas plazas, aumentando su influencia legislativa.
Impacto en la agenda nacional
Una mayor presencia de Fuerza Patria implicaría una mayor presión para impulsar su programa económico y de seguridad, mientras que una pérdida de bancas reforzaría la necesidad de negociaciones entre el gobierno y los partidos tradicionales para la aprobación de reformas.