Tras la jornada electoral del 27 de octubre de 2025, analistas citados por el Wall Street Journal advierten que el gobierno argentino enfrentará una drástica pérdida de valor del peso. La expectativa de ajustes fiscales y la incertidumbre sobre la política cambiaria impulsan a los inversores a prepararse para una devaluación significativa en los próximos meses.
Contexto electoral y económico
El 27 de octubre de 2025 se llevaron a cabo las elecciones presidenciales en Argentina. Los resultados, aún en proceso de consolidación, generan incertidumbre sobre la política económica del nuevo gobierno. Según datos oficiales, la inflación acumulada en los últimos 12 meses supera el 250 por ciento y las reservas internacionales se encuentran bajo los 10.000 millones de dólares.
Pronósticos del Wall Street Journal
El periódico estadounidense, citado por medios como Ámbito y La Nación, señala que el peso podría perder entre el 20 y el 30 por ciento de su valor frente al dólar en el corto plazo. El análisis se basa en la expectativa de un ajuste de la política cambiaria y la necesidad de financiar el déficit fiscal mediante la emisión de deuda externa.
Señales del mercado y opiniones locales
El exministro de Economía Luis Caputo, a través de su columna en Ámbito, indicó que la “city” está vigilando de cerca los movimientos del tipo de cambio, y que el mercado ya ha descontado parte de la posible devaluación. Analistas de bancos locales advierten que una depreciación brusca podría elevar aún más la inflación y cargar al sector productivo con costos más altos de importación.
Escenarios posibles
Según La Voz del Interior, se plantean tres escenarios: una devaluación moderada del 15 por ciento acompañada de ajustes fiscales; una devaluación agresiva del 30 por ciento con un endurecimiento de la política monetaria; y una estabilización parcial si se logra un consenso político que garantice credibilidad fiscal.
Impacto en la población
Para los argentinos, la pérdida de valor del peso se traduce en mayores precios de bienes de consumo y mayor presión sobre los salarios. Organizaciones de derechos sociales piden medidas de protección para los hogares más vulnerables mientras el gobierno evalúa opciones de control de precios y subsidios temporales.