El Ejecutivo argentino presentó este jueves un ambicioso proyecto de reforma laboral que busca modernizar la normativa vigente, flexibilizar la contratación y reducir los costos de despido. La iniciativa, aprobada por el Ministerio de Trabajo, será remitida al Congreso para su discusión en la próxima sesión legislativa de noviembre, bajo la conducción del presidente Javier Milei.
Objetivo de la reforma
El gobierno define la reforma como una herramienta para dinamizar el mercado de trabajo, incentivar la generación de empleo formal y recortar la carga tributaria y previsional que, según su discurso, ahoga a las empresas.
Puntos principales del borrador
- Flexibilización del contrato de trabajo: se propone la eliminación de la obligatoriedad del convenio colectivo nacional, permitiendo negociaciones a nivel sectorial o empresa.
- Reducción de indemnizaciones: el monto máximo de la indemnización por despido pasará de 12 a 6 salarios mensuales, con un tope de 12 meses de sueldo para la mayor parte de los trabajadores.
- Contratos temporales ampliados: se habilitará la contratación de trabajadores bajo contratos de duración de hasta 24 meses sin necesidad de justificar la causa.
- Descentralización de la negociación colectiva: los sindicatos podrán acordar condiciones salariales y de jornada directamente con las empresas, siempre respetando los límites mínimos legales.
- Reducción de aportes previsionales: se propone bajar la carga patronal del aporte a la seguridad social del 17 % al 12 % del salario bruto.
Calendario legislativo
El proyecto fue anunciado oficialmente el 27 de octubre de 2025 y será enviado al Congreso para iniciar su debate en la primera semana de noviembre de 2025. Según la Constitución, el proyecto tendrá un plazo de 60 días para su discusión en la Cámara de Diputados y, posteriormente, en el Senado.
Reacciones y contexto político
El presidente Javier Milei calificó la reforma como “el pilar de la transformación estructural que necesita el país”. Por su parte, los principales sindicatos han manifestado su rechazo, advirtiendo que la medida “penaliza al trabajador y favorece al capital”. Analistas económicos estiman que, si se aprueba, el costo laboral promedio podría bajar entre un 10 % y un 15 %.
Implicancias para la economía
Según el Ministerio de Economía, la flexibilización podría generar entre 300.000 y 500.000 empleos formales en los próximos dos años, al mismo tiempo que se espera una reducción del déficit fiscal asociado a los aportes patronales.