La Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó una decisión histórica: rechazó la orden de usar la fuerza pública para llevar a funcionarios del gobierno de Javier Milei al Congreso en el controvertido caso de la criptomoneda $Libra. La medida reafirma la autonomía judicial y pone en jaque la polémica gestión de criptoactivos promovidos por el Ejecutivo.
Antecedentes del caso $Libra
En 2024 el gobierno de Javier Milei lanzó la criptomoneda estatal $Libra, presentada como una alternativa de bajo costo y alta seguridad para los argentinos. Sin embargo, pronto surgieron denuncias de falta de transparencia, supuestas manipulaciones de precios y la ausencia de un respaldo claro, lo que derivó en una investigación judicial y en la solicitud del Congreso de citar a varios funcionarios implicados.
Decisión de la Justicia
El 28 de octubre de 2025, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que la citación forzada mediante la fuerza pública vulnera los principios constitucionales de separación de poderes y de debido proceso. En consecuencia, los magistrados declararon que no se puede obligar a los funcionarios a comparecer ante el Congreso mediante el uso de la policía o cualquier otro cuerpo de seguridad.
Implicancias para el gobierno de Milei
La decisión limita la capacidad del Congreso para ejercer control político directo sobre los miembros del Ejecutivo en casos de sospecha de irregularidades. Además, refuerza la necesidad de que cualquier investigación sobre $Libra (y la cripto previa $KIP, vinculada también a Milei) se realice dentro del marco judicial, sin presiones externas.
Contexto de la polémica cripto
La criptomoneda $KIP, lanzada meses antes de $Libra, fue señalada por analistas como una “prueba de concepto” que precedió a la controversia. Ambas criptos fueron promocionadas por el gobierno como parte de una estrategia de “descentralización financiera”. Los críticos argumentan que la falta de regulaciones claras y la participación directa del presidente Milei pudieron haber facilitado prácticas potencialmente fraudulentas.
Reacciones institucionales
El presidente Milei ha defendido su política de criptoactivos, calificándola de “innovadora” y de “beneficio para la economía nacional”. Por su parte, varios legisladores expresaron su descontento, señalando que la decisión judicial obstaculiza la fiscalización parlamentaria. Organizaciones de defensa del consumidor y expertos en finanzas continúan demandando mayor claridad y regulaciones sobre $Libra y $KIP.