El Consejo de Mayo avanza con un ambicioso proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei. Entre sus ejes destacan la flexibilización de horarios, la introducción de un “banco de horas” inspirado en Grecia y la reducción de cargas sociales, medidas que prometen transformar el mercado de trabajo argentino.
Contexto y actores
En el marco de su agenda de reformas estructurales, el presidente Javier Milei ha puesto en marcha una reforma laboral cuyo desarrollo está a cargo del Consejo de Mayo, el órgano encargado de diseñar la normativa económica. La propuesta busca responder a la demanda de mayor flexibilidad y competitividad del sector productivo.
Principales componentes del proyecto
- Flexibilización de horarios: se plantea la posibilidad de adaptar la jornada laboral a las necesidades de las empresas y los trabajadores, mediante acuerdos directos.
- Banco de horas: el esquema, similar al adoptado en Grecia, permitiría acumular horas extra para ser utilizadas como tiempo libre remunerado, ofreciendo una alternativa al pago de horas suplementarias.
- Reducción de cargas sociales: el proyecto contempla una disminución del aporte patronal a la seguridad social, con el objetivo de aliviar el costo laboral y incentivar la contratación.
- Modificaciones al indemnizatorio: se propone ajustar los criterios de cálculo de la indemnización por despido, buscando mayor claridad y previsibilidad para empleadores y empleados.
Reacción del sector empresarial
Empresarios de la construcción y de otros sectores productivos han manifestado su apoyo al proyecto, calificándolo de “acelerador” de la actividad económica. Según declaraciones recogidas en la prensa, consideran que la reforma puede generar un impulso significativo a la generación de empleo.
Desafíos y próximos pasos
El Consejo de Mayo debe todavía someter el borrador a debate parlamentario y a una consulta pública. La discusión se centrará en equilibrar la flexibilidad para las empresas con la protección de los derechos de los trabajadores. Se espera que el proyecto entre a la Cámara de Diputados a mediados de 2026.