El Gobierno argentino manifestó su optimismo luego de la audiencia en la Corte de Nueva York donde se discute el reclamo de US$16.100 millones de los fondos buitre por la expropiación de YPF, argumentando que la causa debería haberse juzgado en territorio nacional.
Contexto del conflicto
Desde la nacionalización de YPF en 2012, los fondos buitre que adquirieron deuda argentina en la década del 2000 han reclamado un pago de US$16.100 millones por la supuesta pérdida de valor tras la transmisión de la empresa. La demanda se ha desarrollado en tribunales de Estados Unidos, donde los demandantes buscan ejecutar garantías y obligar a la Argentina a pagar la suma reclamada.
Audiencia en Nueva York
En una audiencia celebrada a principios de octubre de 2025 en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, el representante del Gobierno, el ministro de Economía, expuso los argumentos de la República para evitar el pago y subrayó la ilegalidad de juzgar la causa fuera del territorio argentino. Los jueces señalaron que, según precedentes, la disputa debería resolverse en Argentina, pero continuaron con el proceso para determinar la competencia jurisdiccional.
Reacción del Gobierno
El oficial económico declaró: “Somos muy optimistas, lo podemos dar vuelta” y destacó la disposición del país a cooperar entregando chats y comunicaciones de funcionarios, tal como informó Ámbito el 30 de octubre de 2025. Esta colaboración busca demostrar la falta de manipulación en la negociación de la expropiación.
Posibles impactos
De concretarse el pago, la deuda externa de Argentina aumentaría significativamente, afectando sus finanzas públicas y su acceso a los mercados internacionales. Por el contrario, si la corte reconoce la competencia del sistema judicial argentino, el país podría evitar una erogación masiva y mantener mayor autonomía sobre sus recursos energéticos.
Próximos pasos
Se espera que el tribunal emita una decisión sobre la competencia jurisdiccional en las próximas semanas. Mientras tanto, el Gobierno continuará presentando pruebas y mantendrá la línea de defensa basada en la soberanía y la legalidad del proceso interno.