La hija del histórico conductor de TV, Marcelo Tinelli, presentó una denuncia por amenazas verbales, señalando a un reconocido empresario del ámbito inmobiliario. El caso, que ha encendido los focos de la prensa, vuelve a poner en el ojo público la relación entre la familia Tinelli y los intereses empresariales de la élite argentina.
Antecedentes familiares
Marcelo Tinelli, nacido el 1 de febrero de 1960, es uno de los televisores más influyentes de Argentina, responsable de programas icónicos como VideoMatch y Showmatch. Sus hijos, entre ellos Juana “Juanita” Tinelli, han crecido bajo la constante exposición mediática.
La denuncia de Juana Tinelli
El 2 de noviembre de 2025, Juana Tinelli interpuso una denuncia ante la Oficina Judicial de Violencia Doméstica y de Género, alegando haber recibido amenazas de carácter intimidatorio. En su declaración, la joven sostuvo que dichas amenazas provenían de un empresario del sector inmobiliario, conocido por su presencia en inversiones de gran escala y vínculo con figuras políticas.
¿Quién es el empresario mencionado?
Por razones de proceso legal, la identificación completa del empresario no ha sido publicada en los medios. Sin embargo, diversas fuentes coinciden en que se trata de una persona con un historial de inversiones en desarrollos urbanísticos y con estrechos lazos con distintos círculos de poder.
Reacción de Marcelo Tinelli
El conductor, a través de un comunicado oficial emitido el mismo día, expresó su sorpresa y preocupación ante la situación, reiterando su compromiso con la seguridad y bienestar de su familia. Además, solicitó que las autoridades investiguen a fondo los hechos para esclarecer cualquier intento de coacción.
Contexto y repercusión mediática
El caso ha reavivado el debate sobre la exposición de figuras públicas y sus familias a presiones externas. Expertos en derecho penal comentan que las denuncias por amenazas pueden derivar en procesos judiciales severos, especialmente cuando involucran a personas con recursos y conexiones.
Próximos pasos
Las investigaciones continúan bajo la supervisión de la Fiscalía de Delitos Económicos y la Unidad de Protección a la Integridad Personal. Se espera que, en las próximas semanas, la justicia determine la veracidad de las acusaciones y, de ser necesario, imponga medidas cautelares.