En un inesperado giro, varios senadores del bloque kirchnerista firmaron en disidencia el dictamen que propone reformar la ley de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), limitando el poder de uso del presidente Javier Milei y reactivando el debate parlamentario.
Contexto del dictamen
Los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) son instrumentos constitucionales que permiten al Poder Ejecutivo dictar normas sin pasar por el proceso legislativo completo, siempre que exista una urgencia justificada. Desde su asunción, el presidente Javier Milei ha incrementado notablemente su uso, generando críticas sobre la concentración de poder.
La reforma propuesta
El dictamen aprobado por la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado propone:
- Establecer un plazo máximo de 30 días para que la Cámara de Diputados examine cualquier DNU.
- Exigir la presentación de un informe de impacto económico y social antes de su promulgación.
- Crear la posibilidad de que el Senado pueda rechazar un DNU mediante voto calificado.
El objetivo es devolver al Congreso una mayor capacidad de control y evitar la “normativización” de decisiones presidenciales.
El guiño del kirchnerismo
En una movida poco esperada, varios senadores del bloque kirchnerista firmaron el dictamen en disidencia, indicando que, aunque no comparten la totalidad del contenido, consideran necesario abrir el debate. La firma en disidencia permite que el proyecto siga adelante sin que el bloque tenga que retirarse completamente.
Esta postura marca una diferencia respecto a la tradicional oposición del kirchnerismo a cualquier restricción del uso de DNU, y sugiere una estrategia de moderación frente al gobierno de Milei.
Reacciones y próximos pasos
El presidente Milei calificó la iniciativa como “un intento de frenar la transformación del país”. Por su parte, la presidenta del bloque kirchnerista en el Senado señaló que la medida “no impide la gobernabilidad, pero sí garantiza el control parlamentario”.
El dictamen pasará a votación en el pleno del Senado el 15 de noviembre de 2024. De ser aprobado, ingresará a la Cámara de Diputados, donde podría enfrentar nuevas discusiones antes de su eventual promulgación.