La conductora y empresaria Viviana Canosa resolvió pagar la sanción económica impuesta por sus polémicos comentarios, evitando así que el proceso judicial contra la humorista Lizy Tagliani llegue a la audiencia. Con la medida, ambas partes quedan fuera de los tribunales mientras continúan el debate público sobre la responsabilidad en los medios.
Antecedentes del conflicto
En octubre de 2025 Viviana Canosa, conocida por su participación en radio y televisión, realizó una serie de declaraciones que Lizy Tagliani calificó como difamatorias y ofensivas. Tagliani, humorista y cantante, interpuso una demanda penal por injuria, exigiendo una retractación pública y la imposición de una multa.
La decisión de pagar la multa
Canosa optó por abonar la sanción económica establecida por el juzgado, lo que, conforme a la legislación argentina, permite suspender el proceso penal mientras la parte demandada cumpla con la obligación pecuniaria. Al hacerlo, evitó la citación a juicio, una medida que, según el código procesal penal, sirve para agilizar la resolución cuando el demandado reconoce la responsabilidad económica.
Repercusión mediática y reacción de los involucrados
El pago de la multa generó un amplio debate en los medios. Tagliani declaró que, aunque agradece la solución económica, mantiene su exigencia de una retractación pública y de que se abra un espacio de debate para aclarar los hechos. Por su parte, Canosa manifestó arrepentimiento por el episodio y aseguró que continuará trabajando para cumplir con la normativa de la comunicación responsable.
¿Qué implica la suspensión del juicio?
La suspensión del proceso penal no significa una absolución, sino que la causa queda sin seguir su curso mientras no se incumpla la medida acordada. Si la multa se pagara en su totalidad y se cumplen los requisitos, el tribunal archiva la causa. En caso de incumplimiento, el proceso reactivaría la fase de juicio.
Contexto legal
En Argentina, la injuria se castiga cuando una persona realiza afirmaciones falsas que dañan el honor o la reputación de otra. La legislación permite, además de la pena privativa de libertad, la imposición de multas y la orden de retractación. La decisión de pagar la multa es una vía aceptada que busca reparar el daño económico y evitar la exposición de ambas partes en una audiencia pública.
Conclusiones
Con el pago de la multa, Viviana Canosa y Lizy Tagliani quedan fuera del tribunal, aunque la disputa persiste en la esfera pública. La situación ilustra la tensión entre la libertad de expresión y los límites legales que protegen el honor de las personas, un tema que seguirá generando discusión en la sociedad argentina.