El 4 de junio de 2023 se dio inicio al histórico proceso judicial contra la expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por los llamados Cuadernos de la Corrupción. La primera audiencia se realizó vía Zoom, donde el fiscal presentó 40 supuestos hechos y denunció cobros superiores a diez millones de dólares. El tribunal leyó la acusación por asociación ilícita, marcando el comienzo de una etapa decisiva para la política argentina.
Antecedentes del caso
Los “Cuadernos de la Corrupción” son unos libretos anotados por el exchofer Oscar Centeno entre 2011 y 2015, donde se detallan supuestos pagos de sobornos a funcionarios de la gestión kirchnerista. Las notas fueron entregadas a la justicia en 2018 y desencadenaron una cadena de investigaciones que involucraron a empresarios, funcionarios y, finalmente, a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Día 1 del juicio: una audiencia híbrida
El 4 de junio de 2023 el tribunal federal número 5 de la capital abrió la causa. Por restricciones médicas y para garantizar la seguridad sanitaria, la audiencia se desarrolló mayormente a través de la plataforma Zoom. El juez Julián Ercolini presidió la sesión y, después de la apertura, el fiscal Luis Arias expuso la acusación.
Acusación formal
Se le imputó a la candidata a vicepresidenta por el delito de asociación ilícita. La fiscalía señaló 40 hechos de corrupción que, según su criterio, demuestran un esquema de cobro de sobornos que habría superado los US$10 millones. Entre los hechos más relevantes se encuentran pagos a través de empresas pantalla, facturas falsas y contratos adjudicados a cambio de comisiones.
Respuesta de la defensa
El equipo jurídico de la vicepresidenta, encabezado por el abogado Javier Cueva, solicitó la suspensión del proceso alegando incompatibilidad de la defensa con la modalidad virtual y pidió que la causa se tomara en la sede judicial tradicional. El juez rechazó la solicitud y ordenó continuar con la audiencia remota.
Impacto político y social
El inicio del juicio generó una polarización intensa en la esfera pública. Mientras sectores de la oposición celebraron la aparición de la primera audiencia, los militantes kirchneristas denunciaron un “persecución política” y organizaron concentraciones en la ciudad. La cobertura mediática se intensificó, y varios medios –Infobae, Página 12, Clarín, La Nación y Ámbito– publicaron análisis detallados sobre los documentos y las implicancias del caso.
Próximos pasos
El tribunal fijó la próxima audiencia para el 11 de junio de 2023, donde se discutirán pruebas documentales y testimoniales. La defensa recurrió a solicitar la exclusión de algunos testigos, mientras la fiscalía anunció la presentación de nuevas pruebas obtenidas de los registros bancarios de empresas vinculadas al caso.