El Gobierno nacional impulsó una fuerte desregulación de la industria del vino, eliminando 973 normas y simplificando trámites. Ante esta medida, gobiernos provinciales solicitaron mantener el control del origen de las uvas y del vino para preservar la calidad y la trazabilidad del producto argentino, mientras autoridades destacan la lucha contra la corrupción.
Contexto de la reforma vitivinícola
En 2025 el Ejecutivo Nacional presentó un paquete de medidas para modernizar y simplificar la regulación de la industria vitivinícola. Según el portal oficial Argentina.gob.ar, se derogaron 973 normas que regulaban la producción, comercialización y etiquetado de vinos, con el objetivo de reducir la burocracia y eliminar oportunidades para la corrupción, según destacó el ex‑ministro de Economía, Luis Caputo.
La reacción de las provincias
Gobiernos provinciales de las principales regiones productoras – entre ellas Mendoza, San Juan y La Rioja – manifestaron su preocupación. Solicitan que se mantenga el control del origen de las uvas y del vino, argumentando que la trazabilidad es esencial para garantizar la calidad del producto y proteger la reputación de los vinos argentinos en los mercados internacionales.
Detalles de la desregulación
Entre los cambios más relevantes destacan:
- Eliminación de requisitos de etiquetado obligatorio que obligaban a indicar la zona de origen con datos exhaustivos.
- Reducción de inspecciones obligatorias del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), entidad responsable de la fiscalización del sector.
- Facilitación de la exportación mediante la simplificación de certificados fitosanitarios.
El ex‑presidente del INV, José Luis Sturzenegger, comentó en La Nación que la desregulación busca “menos oportunidades para la corrupción” y “una industria más competitiva”.
Críticas y desafíos
Mientras el Gobierno argumenta que la medida impulsa la inversión y la competitividad, los productores locales temen que la pérdida de controles pueda afectar la calidad y la denominación de origen. El INV ha reconocido que “había cosas disparatadas” y que la reforma pretende equilibrar la supervisión con la eficiencia.
Próximos pasos
Las provincias han anunciado la creación de regulaciones propias para asegurar la trazabilidad, y se espera un diálogo interjurisdiccional con el Gobierno nacional para definir un marco que conserve la confianza del consumidor sin volver a la pesada carga burocrática.