En una audiencia celebrada en noviembre de 2025, el tribunal federal que investiga la causa Cuadernos ordenó a la expresidenta Cristina Kirchner presentarse ante los medios de comunicación, pese a su negativa a aparecer en cámara desde la casa donde cumple su prisión domiciliaria.
Antecedentes de la causa Cuadernos
Los “Cuadernos de la Corrupción” son una serie de libretas registradas por el chofer Oscar Centeno que revelaron un esquema de coimas entre empresarios y funcionarios del gobierno kirchnerista entre 2005 y 2015. La investigación, iniciada en 2018, derivó en múltiples procesos judiciales contra exfuncionarios, empresarios y, desde marzo de 2024, contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por presunta asociación ilícita y lavado de dinero.
La orden judicial de aparecer en cámara
El 6 de noviembre de 2025, en el Juzgado Federal N.º 2 de la Corte Suprema, la jueza Guillermo Casaux (presidente de la Cámara Federal de Casación) dictó una medida excepcional: obligar a la expresidenta a ser filmada durante la audiencia, pese a la restricción impuesta por su prisión domiciliaria. La decisión se basó en la necesidad de garantizar la transparencia del proceso y la igualdad de trato entre los imputados.
Durante la sesión, la cámara se instaló en la sala de estar del domicilio de Kirchner, ubicada en la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires. La expresidenta, visiblemente molesta, manifestó que la medida vulneraba su derecho a la intimidad, pero el magistrado reiteró que la obligación estaba sustentada en la normativa del Código Procesal Penal, que permite la recolección de pruebas audiovisuales cuando se trata de casos de alta relevancia pública.
Reacciones de los sectores políticos y sociales
El oficialismo denunció la medida como una “nueva ofensiva judicial” contra la vicepresidenta, mientras que la oposición la calificó de “paso necesario para esclarecer la verdad”. Organizaciones de derechos humanos pidieron que se respete el debido proceso y que la medida no se convierta en un precedente para vulnerar la privacidad de los detenidos bajo arresto domiciliario.
Los abogados de la defensa anunciaron que presentarán un recurso de amparo ante la Corte Suprema para impugnar la orden y solicitar la exclusión de la grabación de los autos judiciales.
Posibles consecuencias para la causa
Si la audiencia filmada se mantiene, el material quedará incorporado al expediente y podrá ser utilizado como prueba en futuras etapas del proceso. La decisión también plantea interrogantes sobre la forma en que los juzgados argentinos manejarán la producción de pruebas audiovisuales en casos de alto impacto político.
Contexto internacional
Casos similares se han registrado en otras democracias, donde la obligación de aparecer en cámara bajo arresto domiciliario ha sido utilizada para salvaguardar la transparencia del proceso judicial, siempre bajo estrictas garantías de derechos humanos.