Más de 40 venezolanos que fueron deportados a El Salvador afirman haber sufrido torturas, desaparición forzada y violaciones en la megaprisión dirigida por el presidente Bukele, según denuncias presentadas por Human Rights Watch y reportes de medios internacionales.
Contexto de la deportación
Durante los últimos meses, cientos de venezolanos han sido expulsados de Estados Unidos bajo la política migratoria del gobierno de Donald Trump. Muchos de ellos fueron reenviados a El Salvador, donde la administración de Nayib Bukele mantiene una de las cárceles más superpobladas y peligrosas de la región, conocida como la “megaprisión”.
Denuncias de tortura y desaparición forzada
Según una denuncia publicada por CNN en Español, 40 venezolanos relataron haber sido torturados mientras estaban recluidos en esta instalación. Los testimonios describen palizas, uso de “bolsas negras” para ahogar a los internos y agresiones sexuales. Un informe de EL PAÍS menciona que los deportados fueron advertidos de que “solo saldrían en una bolsa negra”.
Informe de Human Rights Watch
Human Rights Watch (HRW) emitió un severo informe que acusa al gobierno de Donald Trump de ser cómplice de tortura, desaparición forzada y abusos de derechos humanos al permitir la transferencia de estos migrantes a un entorno carcelario donde se violan sus derechos fundamentales. El documento señala que la CECOT (Centro de Detención de Extranjeros y Ocupantes Temporales) de El Salvador funciona como un centro de detención masiva donde se practicaron privaciones de la alimentación, falta de acceso a asistencia médica y agresiones físicas y sexuales.
Reacción internacional y llamadas a la investigación
Organizaciones internacionales y defensores de derechos humanos han exigido una investigación independiente y la suspensión inmediata de las deportaciones a El Salvador. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha solicitado a los gobiernos involucrados que garanticen el respeto al principio de no devolución (non‑refoulement), que prohíbe enviar a personas a lugares donde corren riesgo de sufrir tortura o tratos inhumanos.
Mientras tanto, la comunidad venezolana en el exilio continúa presionando para que se reconozcan y reparen los daños sufridos, y para que se revisen las políticas migratorias que alimentan este ciclo de violencia.