El ex ministro de Economía, Julio De Vido, de 75 años, comenzó a cumplir la sentencia de cuatro años de prisión impuesta por la tragedia del Once. El juez ordenó su traslado a la Prisión Federal de Ezeiza, donde permanecerá bajo estricta vigilancia mientras se ejecuta la condena confirmada por la Corte Suprema.
Inicio del cumplimiento de la condena
El 4 de noviembre de 2024, Julio De Vido, exministro de Economía del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, ingresó a la Prisión Federal de Ezeiza para iniciar el cumplimiento de la pena de cuatro años de prisión que le fue impuesta por su responsabilidad en la tragedia del Once, ocurrida el 22 de febrero de 2012.
Detalles del traslado
Tras su presentación voluntaria en la sede judicial de Comodoro Rivadavia, el juez de la causa estableció que De Vido debería ser recluido en la unidad de mayor seguridad del país, ubicada en el partido de Ezeiza, provincia de Buenos Aires. El traslado se realizó bajo custodia policial y con la presencia de representantes de la familia de las víctimas.
Contexto legal
En 2017, la Justicia confirmó una sentencia de 4 años de prisión y multa para De Vido, considerándolo responsable por la falta de mantenimiento y supervisión del material rodante del tren que se estrelló contra la estación Once. La Corte Suprema de Justicia ratificó esta condena en octubre de 2024, descartando los recursos de apelación presentados por la defensa.
La tragedia del Once
El accidente ferroviario dejó 51 muertos y más de 700 heridos, convirtiéndose en una de las peores catástrofes ferroviarias de la historia argentina. La falta de inversión y la corrupción en la gestión de la empresa operadora, Trenes de Buenos Aires (TBA), fue señalada como la causa principal del siniestro.</n
El juicio contra los ejecutivos y funcionarios vinculados al caso ha sido prolongado y controvertido, pero la condena a De Vido marcó un hito al responsabilizar a un alto cargo del gabinete nacional.
Repercusión política y social
El ingreso de De Vido a la cárcel generó diversas reacciones: organizaciones de derechos humanos y familias de las víctimas celebraron la ejecución de la sentencia, mientras que sectores cercanos al exmandatario expresaron críticas al proceso judicial, alegando motivaciones políticas.
El caso sigue siendo referencia obligada para los debates sobre la rendición de cuentas y la necesidad de mejorar la infraestructura ferroviaria en Argentina.