Tras la polémica destitución de la jueza Julieta Makintach, los representantes legales de la defensa y la fiscalía presentaron una solicitud para suspender a los dos jueces que permanecen a cargo del proceso por la muerte de Diego Maradona, exigiendo la intervención de un jurado que garantice la imparcialidad del juicio.
Contexto del proceso judicial
El caso por la muerte del astro del fútbol argentino, Diego Armando Maradona, sigue generando gran expectativa. Desde la acusación inicial en 2023, la causa ha atravesado varias etapas y cambios de magistrados, culminando con la destitución de la jueza Julieta Makintach a mediados de 2025 tras una serie de controversias y una moción de censura impulsada por la bancada de diputados del oficialismo.
La solicitud de suspensión y jurado
En una declaración realizada el pasado lunes, los abogados de la defensa y la fiscalía presentaron al Tribunal de Justicia de la Nación una petición formal para suspender a los dos jueces restantes del expediente, alegando parcialidad y presiones externas que comprometen el debido proceso. Además, se solicita la designación de un jurado popular que funcione como órgano de garantía de imparcialidad, mecanismo poco frecuente en causas de alta complejidad pero contemplado por la legislación argentina.
Reacciones institucionales
El presidente del Tribunal, el magistrado Carlos Gomez, aún no ha pronunciado un pronunciamiento definitivo. Por su parte, la bancada del oficialismo ha calificado la medida como una “táctica de retraso” mientras que la oposición la describe como “una defensa de la Justicia y el legado de Maradona”.
Impacto de la destitución de Makintach
La remoción de la magistrada Julieta Makintach, quien dirigía el juicio desde su inicio, generó un fuerte debate sobre la independencia judicial. Según analistas del derecho, su salida dejó un vacío institucional que ha alimentado la desconfianza tanto de la ciudadanía como de los sectores involucrados en la causa.
Próximos pasos
El tribunal tiene un plazo de diez días hábiles para resolver la solicitud de suspensión y la posible conformación de un jurado. De aprobarse, el proceso avanzará bajo la supervisión de un colectivo de ciudadanos elegidos, lo que, según expertos, podría aportar mayor transparencia al caso.
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