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Fernando Burlando exige justicia tras la destitución de la jueza Julieta Makintach

El reconocido abogado Fernando Burlando ha lanzado un enérgico pedido a la Justicia para que se revisen los cauces de la destitución de la magistrada Julieta Makintach, caso que ha generado un intenso debate institucional y que sigue avanzando en la esfera penal y administrativa.

Antecedentes del caso

Julieta Makintach, jugadora de alto rango del Poder Judicial, había sido objeto de una investigación penal que culminó con un juicio ante el jurado. El veredicto, emitido con una abstención 11 a 0, determinó su remoción del cargo y la pérdida de los fueros que la protegían.

Destitución y sus consecuencias

Tras la decisión del jurado, la ministra de Justicia confirmó la destitución de Makintach, dejándola sin rango de jueza. La medida provocó una serie de reacciones dentro del cuerpo judicial y la ciudadanía.

El pedido de Fernando Burlando

El abogado Fernando Burlando, conocido por sus intervenciones en casos de alto impacto, ha solicitado formalmente a la justicia que reevalúe la procedencia de la destitución y se garantice el debido proceso al que, según él, se ha vulnerado los derechos de la magistrada.

Avance del proceso penal

La causa penal contra Makintach continúa su curso. Las investigaciones siguen evaluando si la acusación original justifica la sanción aplicada y si existen bases para una posible apelación.

Repercusiones laborales

Makintach ha declarado que, pese a recibir ofertas laborales, las autoridades le han impedido inscribirse en el Colegio de Abogados de San Isidro, limitando su ejercicio profesional en la región.

Reacciones y contexto institucional

El caso ha reavivado el debate sobre la independencia judicial y la transparencia de los procesos disciplinarios. Diversas voces del ámbito jurídico y social piden una revisión exhaustiva para evitar precedentes que puedan erosionar la confianza pública en la justicia.

Próximos pasos

Se espera que la solicitud de Burlando sea evaluada por instancias superiores y que, en caso de aceptarse, se abra un proceso de revisión que podría revertir la destitución o, al menos, ordenar una nueva valoración de los hechos.