El expresidente Donald Trump exigió este miércoles la aplicación de la pena capital contra los legisladores demócratas que, según él, alentaron a las Fuerzas Armadas a desobedecer “órdenes ilegales”. La medida, inédita en la historia política de EE. UU., ha generado polémica, reacciones de los partidos y debate sobre la constitucionalidad de la propuesta.
Antecedentes
En los últimos meses, varios congresistas del Partido Demócrata han cuestionado públicamente la legalidad de ciertas órdenes emitidas por la administración presidencial, argumentando que pueden vulnerar derechos constitucionales y tratados internacionales. Este tipo de críticas forman parte de lo que los expertos denominan control civil sobre el poder militar, una práctica esencial para mantener la democracia.
Declaraciones de Trump
El 19 de noviembre de 2025, durante una conferencia de prensa en Mar-a-Lago, el exmandatario anunció que la sedición cometida por los legisladores que inciten a las tropas a desobedecer “órdenes ilegales” debe castigarse con pena de muerte. Trump sostuvo que la “conducta sediciosa” amenaza la seguridad nacional y que la única respuesta adecuada es la máxima sanción prevista en la ley.
Definición de términos
Orden ilegal: mandato que contraviene la Constitución o el derecho internacional. Sedición: acción dirigida a provocar la rebelión contra la autoridad legal del Estado.
Reacción de los demócratas
Los miembros del Congreso de la Cámara de Representantes calificados la propuesta como “inconstitucional” y “una amenaza directa a los principios democráticos de libertad de expresión y de pensamiento”. El líder de la minoría demócrata, Chuck Schumer, anunció que se iniciarán procesos de impeachment contra cualquier funcionario que intente aplicar la medida.
Implicaciones legales
La Constitución de EE. UU. protege el derecho a la libre expresión, incluso para los funcionarios electos. Además, la Decimotercera Enmienda prohíbe la esclavitud y la servidumbre involuntaria, pero no contempla la ejecución de políticos por sus discursos. Expertos en derecho constitucional advierten que cualquier intento de aplicar la pena de muerte contra legisladores sería anulado por la Corte Suprema.
Contexto internacional
Este tipo de retórica ha generado preocupación entre aliados de EE. UU., que temen una erosión de los valores democráticos tradicionales. Organizaciones como la Human Rights Watch y la Amnistía Internacional han emitido comunicados condenando la propuesta, calificándola de “violación grave de los derechos humanos”.
¿Qué sigue?
El Congreso se reunirá la próxima semana para debatir una posible resolución de censura contra Trump. Mientras tanto, la opinión pública está dividida: encuestas recientes muestran que un 38% de los estadounidenses apoya una medida más dura contra la desobediencia militar, mientras que un 45% la considera excesiva.
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