Desde la década de 1970, la práctica del transfuguismo y las impugnaciones de credenciales han marcado la vida del Congreso. La dictadura militar de 1976‑1983 anuló mandatos electos y, décadas después, casos como el de Lorena Villaverde reavivan el debate sobre la legitimidad de los legisladores y el control de la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Contexto histórico: la dictadura y la cancelación de mandatos
El golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 puso fin al Congreso democrático y dio paso a la dictadura militar (1976‑1983). Durante ese periodo, los diputados y senadores electos fueron destituidos, sus diplomas anulados y la actividad legislativa suspendida. Tras la recuperación de la democracia el 10 de diciembre de 1983, se iniciaron procesos de restitución y de revisión de los casos de impugnación.
El fenómeno del transfuguismo
El término transfuguismo se refiere al cambio de afiliación partidaria por parte de un legislador una vez electo. En la historia reciente del país, varios diputados fueron acusados de transfuguismo, lo que provocó la presentación de impugnaciones ante la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado. Estas impugnaciones buscan anular la legitimidad del mandato por considerar que el cambio de bancada vulnera la voluntad electoral.
Casos emblemáticos y la revisión actual
Entre los casos más recordados destacan las impugnaciones presentadas en 1973 y 1975 contra diputados que cambiaron de bloque parlamentario. En los últimos años, la Comisión de Asuntos Constitucionales volvió a analizar diplomas bajo la lupa de la normativa vigente. En 2023 se discutió la elegibilidad de Lorena Villaverde, exdiputada del Frente de Todos, para incorporarse al Senado. La polémica se centró en su historial como ex agente de la policía durante la última dictadura y en la posible existencia de delitos de lesa humanidad.
Decisión judicial y repercusión política
El juez que defendió a Villaverde argumentó que, salvo que se demuestre un delito de lesa humanidad, su participación política no puede ser rechazada por hechos ocurridos hace más de 20 años. La Comisión de Asuntos Constitucionales evaluó tres antecedentes clave: la veracidad de su diploma, el cumplimiento de los requisitos constitucionales y la ausencia de condenas penales definitivas. Hasta la fecha, la decisión final sobre su ingreso al Senado sigue pendiente.
Implicaciones para el futuro del Congreso
La historia de impugnaciones y transfuguismo muestra la tensión permanente entre la representación democrática y el control institucional. La revisión de diplomas y la discusión sobre la idoneidad de los legisladores forman parte del mecanismo de garantía de la legitimidad del Poder Legislativo. Los debates actuales reflejan la necesidad de fortalecer las normas que regulan la afiliación partidaria y de garantizar la transparencia de los antecedentes de los representantes.