El juez de la Corte Suprema, Maraniello, enfrenta una creciente ola de acusaciones de abuso sexual y maltrato laboral. El Consejo de la Magistratura abrirá una investigación formal, mientras que la comisión legislativa contempla la posibilidad de un juicio político, reavivando el debate sobre la integridad del poder judicial.
Antecedentes y nuevas denuncias
En los últimos días se han sumado nuevas denuncias contra el magistrado Mariano Maraniello, miembro de la Corte Suprema de Justicia. Las acusaciones, presentadas por varias trabajadoras del poder judicial, incluyen abuso sexual y maltrato laboral. Los testimonios señalan un patrón de conductas de acoso y coerción que se habría mantenido durante varios años.
Procedimiento de investigación
El Consejo de la Magistratura anunció que iniciará una investigación formal para determinar la veracidad de los hechos y, en caso de confirmarse, aplicar las sanciones correspondientes. El proceso incluirá la toma de declaraciones, la revisión de pruebas documentales y la posibilidad de contar con peritos especializados en violencia de género.
Implicancias políticas
Paralelamente, la Comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso ha evaluado la apertura de un juicio político contra el juez. Según fuentes, la comisión está preparada para presentar una denuncia ante la Cámara de Diputados, lo que podría derivar en una suspensión provisional del magistrado mientras se resuelve el caso.
Otros casos vinculados al juez Maraniello
Maraniello ya había sido protagonista de controversias judiciales. En 2023 dictó una medida cautelar a favor de la diputada Karina Milei, prohibiendo la difusión de audios críticos. Además, en 2024 se le vinculó a la decisión de impedir la publicación de contenidos sobre la propia Milei, generando críticas de organizaciones defensoras de la libertad de expresión.
Repercusiones en el sistema judicial
Estas denuncias vienen en un contexto de creciente exigencia social por la transparencia y el respeto a los derechos humanos dentro del poder judicial. Organizaciones de derechos humanos y colectivos feministas han pedido una respuesta rápida y contundente, advirtiendo que la falta de medidas podría erosionar la confianza ciudadana en la justicia.