El Estado argentino adjudicó la concesión de las represas del Comahue a un consorcio mayormente nacional por un valor cercano a los US$685 millones, expulsando a dos multinacionales y dejando una central a cada una de las empresas locales Central Puerto, MSU y Edison.
Contexto y relevancia del proceso
El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Economía, lanzó una licitación para la privatización de las tres represas hidroeléctricas del complejo del Comahue (Cerros del Canal, Piedra del Cae y Piedra del Viento). La región, ubicada en la zona sur de la Patagonia, es estratégica por su aporte al suministro energético del país.
Montos y ofertas recibidas
Según informó la prensa, el proceso atrajo ofertas por un total de US$684‑685 millones, cifra que se aproxima al objetivo de ingresos de casi US$700 millones anunciado por el Ministro de Economía, Sergio Caputo. La suma representa uno de los mayores ingresos por privatización de infraestructura energética en la historia reciente de Argentina.
Participantes y resultados
En la licitación resultaron excluidas dos multinacionales que habían manifestado interés, mientras que el consorcio conformado por empresas argentinas obtuvo la adjudicación:
- Central Puerto se quedó con la central de Cerros del Canal.
- MSU (Mendoza Sociedad Urbana) obtuvo la de Piedra del Cae.
- Edison recibió la concesión de Piedra del Viento.
Esta distribución garantiza mayor participación nacional en el sector eléctrico y diversifica la propiedad de los activos estratégicos.
¿Qué implica una concesión?
Una concesión es un contrato mediante el cual el Estado otorga a una empresa privada el derecho de operar, mantener y explotar una infraestructura pública por un plazo determinado, a cambio de pagos y/o inversión en mejoras. En este caso, las empresas deberán garantizar la operación eficiente de las represas y cumplir con los requisitos regulatorios establecidos por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).
Impacto esperado
Se estima que la privatización generará:
- Ingresos inmediatos de US$685 millones para el Tesoro.
- Mayor inversión en modernización y mantenimiento de la infraestructura hidroeléctrica.
- Consolidación de la presencia de capitales argentinos en el sector energético.
El proceso se enmarca dentro de una política más amplia de reactivación económica, buscando atraer inversión privada sin perder el control estratégico de recursos clave.