Una investigación judicial reveló que el financiero asociado al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, habría operado con sumas de varios millones de dólares en conjunto con distintos clubes de fútbol. Las autoridades solicitaron allanamientos y embargos, mientras se corrige un error en el sorteo del juez que lleva el caso.
Contexto del caso
El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia, se encuentra bajo la lupa de la justicia tras la vinculación de un financista a su entorno. Según los informes de La Nación y Clarín, el empresario habría manejado recursos millonarios en operaciones con clubes del fútbol local, lo que ha suscitado sospechas de posible lavado de dinero.
Movimientos financieros sospechosos
Los investigadores apuntan a transacciones que superarían varios millones de dólares, realizadas en diferentes momentos y a través de diversas estructuras societarias. Los clubes mencionados en los papeles judiciales no han sido divulgados oficialmente, pero la magnitud de los movimientos ha motivado una profunda intervención policial.
Procedimientos judiciales
Ante la gravedad de los indicios, la Fiscalía solicitó una serie de allanamientos y embargos contra el financista y sus empresas. En el mismo orden de ideas, se requirió la detención de tres personas vinculadas al caso y el decomiso de bienes por un total que supera los diez millones de pesos.
Error en el sorteo del juez
Un segundo informe señala que hubo un fallo en el sorteo del magistrado que debía conocer la causa. La medida fue rectificada para garantizar la transparencia del proceso, aunque la investigación continúa sin interrupciones.
Repercusiones en el mundo del deporte
El escándalo ha generado preocupación en el ámbito deportivo nacional, pues pone en duda la integridad de las finanzas de varios clubes y la gestión de la AFA. El presidente de la asociación, Claudio Tapia, ha asegurado que colaborará con la justicia y que su vínculo con el financiero será aclarado.
Próximos pasos
La justicia sigue trabajando para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de los implicados. Se esperan nuevas resoluciones que podrían culminar en procesos penales y sanciones económicas para los sujetos investigados.