El Ejecutivo argentino anunció que el proyecto de reforma del Código Penal será remitido al Congreso el 1 de diciembre de 2025. La iniciativa propone endurecer las sanciones por corrupción y otros delitos graves, limitar la imprescriptibilidad y revisar la extinción de la acción penal. La ministra saliente, Patricia Bullrich, presentó los principales cambios antes de dejar su cargo.
Contexto político y legal
En una transmisión en vivo el 1 de diciembre de 2025, el presidente Javier Milei informó que el gobierno formalizó la remisión del proyecto de reforma del Código Penal al Congreso. La medida llega en medio de una agenda de reformas estructurales impulsadas por la administración liberal.
Principales puntos del proyecto
Endurecimiento de penas por corrupción
El texto propone aumentar significativamente las penas para los delitos de corrupción, con el objetivo de disuadir prácticas ilícitas en la función pública. Se prevé la incorporación de multas más altas y la imposición de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Imprescriptibilidad limitada
Una de las novedades es reducir la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. La reforma no elimina por completo la figura, pero sí establece que la prescripción será más difícil de aplicar, fortaleciendo la posibilidad de perseguir actos corruptos a largo plazo.
Revisión de la extinción de la acción penal
El proyecto también contempla cambios en la extinción de la acción penal, buscando evitar que condenas menores pierdan vigencia antes de cumplir la totalidad de la pena. Se busca garantizar mayor coherencia entre la gravedad del delito y la duración de la sanción.
Declaraciones de la ministra Patricia Bullrich
En su despedida como ministra de Seguridad, Patricia Bullrich explicó que la reforma busca “agravar las penas por delitos de corrupción” y reforzar la capacidad del Estado para combatir la inseguridad jurídica. Bullrich enfatizó que los cambios son un paso esencial para consolidar la confianza institucional.
Próximos pasos
El proyecto deberá ser debatido en ambas cámaras del Congreso. Según la normativa vigente, la discusión podría extenderse varios meses, y su aprobación requerirá mayorías calificadas. El gobierno ha señalado que continuará promoviendo la agenda reformista para impulsar la seguridad jurídica y la transparencia.