Un video de 2016 donde altos mandos del Ejército de EE. UU. declararon que no seguirán órdenes ilegales del presidente provocó la ira de Donald Trump. La controversia resurgió en 2025 cuando el FBI anunció la investigación de seis congresistas que incitaron a la desobediencia, y el senador Mark Kelly respondió defendiendo la postura del Ejército.
Antecedentes
En 2016, durante una conferencia interna del Departamento de Defensa, el oficial Hegseth dejó en claro que las Fuerzas Armadas estadounidenses están obligadas por la Constitución a rechazar cualquier orden que sea ilegal, incluso si proviene del presidente. La declaración quedó registrada en un video que, años después, volvió a circular en medios internacionales.
El pedido del Pentágono
El mensaje del oficial se interpretó como una advertencia directa al poder ejecutivo, recordando el principio de “civilian control” y la obligación de los militares de proteger la legalidad. En la grabación, Hegseth afirmó: “Nosotros no seguiremos órdenes que violen la Ley”. La postura, aunque alineada con la tradición constitucional, generó una fuerte reacción entre los partidarios del entonces presidente Donald Trump.
Reacción de Donald Trump
Tras la difusión del video, Donald Trump catalogó la declaración como una “traición” y la utilizó para argumentar que los militares estaban siendo manipulados por la oposición política. El expresidente llegó a decir que el Pentágono debía “volver a su lugar” y que la cadena de mando no debía cuestionar sus decisiones.
La posición de Mark Kelly
El senador demócrata de Arizona, Mark Kelly, cónyuge de la astronauta y ex‑representante Gabrielle Giffords, defendió la postura del ejército en varios actos públicos en 2024 y 2025. Kelly sostuvo que la obediencia a órdenes ilegales compromete la democracia y citó la frase “mantén la boca cerrada” como una referencia irónica a la censura que, según él, se intenta ejercer sobre los militares.
Investigación del FBI
El 1 de diciembre de 2025, el FBI anunció que interrogará a seis congresistas que, según fuentes, habrían incitado a los militares a desobedecer supuestas “órdenes ilegales” emitidos por Trump durante su mandato. Los nombres de los legisladores no fueron revelados en el comunicado oficial, pero se confirmó que la investigación forma parte de un esfuerzo más amplio por esclarecer posibles intentos de socavar la cadena de mando militar.
Implicancias y contexto
Este episodio subraya la tensión permanente entre el poder civil y el militar en EE. UU., especialmente cuando se cuestionan los límites de la autoridad presidencial. La normativa vigente, contenida en el Uniform Code of Military Justice (Código Uniforme de Justicia Militar) y la Constitución, establece que los mandos militares deben negar órdenes que contravengan la ley. La discusión actual vuelve a poner en el centro del debate la importancia de mantener ese equilibrio para preservar la democracia.
Conclusiones
La declaración de 2016, la reacción de Trump y la reciente investigación del FBI demuestran que el debate sobre la obediencia militar a órdenes presidenciales sigue vivo. Mientras el FBI prosigue sus averiguaciones, el Senado continúa defendiendo la necesidad de que los militares actúen dentro del marco legal, reforzando la doctrina que protege al país de posibles abusos de poder.