Cinco ciudadanos argentinos fueron arrestados por hurto en un centro comercial de Miami y la embajada estadounidense emitió una firme advertencia, señalando que incurrir en delitos puede acarrear multas, cárcel y posible deportación, mientras el consulado argentino se hace cargo del caso.
Detención en Miami
Un grupo de cinco argentinos, provenientes de la provincia de Mendoza, fue detenido este mes en un popular centro comercial de Miami por presunto robo de mercancía. Las autoridades locales lo catalogan como un caso de hurto menor, sin violencia, pero la legislación de Florida contempla sanciones que pueden incluir multas y penas de prisión.
Advertencia de la Embajada de EE.UU.
Tras la captura, la Embajada de Estados Unidos en Washington emitió un comunicado formal dirigido a los detenidos y a sus familiares, indicando que cualquier reincidencia será tratada con mayor severidad. El mensaje subraya que los infractores extranjeros pueden enfrentar procesos de deportación y la prohibición de volver a ingresar al país.
Reacción de la comunidad argentina
El consulado argentino en Miami confirmó que está brindando asistencia consular a los involucrados, facilitando la comunicación con sus familiares y garantizando el respeto de sus derechos durante el proceso judicial. Los familiares expresaron su preocupación y pidieron que se eviten estigmatizaciones.
Contexto legal
En Florida, el hurto de mercancía cuyo valor supera los 750 dólares se considera un delito grave (felony) y puede conllevar hasta cinco años de cárcel. Sin embargo, robos de menor cuantía se tipifican como delitos menores (misdemeanor), con penas que pueden ir de 60 días a un año de prisión y multas de hasta 500 dólares. La normativa migratoria de EE. UU. permite la expulsión de cualquier extranjero que sea condenado por un delito grave.
Próximos pasos
Los cinco argentinos comparecerán ante el tribunal de Miami en enero de 2026, donde se decidirá si recibirán una condena o medidas alternativas como libertad bajo fianza. Mientras tanto, la embajada reiteró su disposición a colaborar con las autoridades locales para garantizar el cumplimiento de la ley.
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