El juicio oral sobre los “Cuadernos de la Corrupción” alcanzó su octava audiencia el 6 de diciembre de 2025, revelando que el circuito de sobornos gestionado por la llamada “Camarita” habría recaudado más de 30 millones de dólares en favor de la familia Kirchner. Testimonios, pruebas documentales y acusaciones de cartelización volvieron a poner en el foco la relación entre políticos y empresarios.
Contexto del proceso
Los “Cuadernos de la Corrupción” son una serie de libretas encontradas en 2018 por el periodista Jorge Lanata, que documentan pagos en efectivo a funcionarios y empresarios vinculados al gobierno de la Unión Cívica Radical y al peronismo. Desde entonces, la causa ha generado múltiples audiencias judiciales, convirtiéndose en el proceso de corrupción más amplio de la historia reciente de Argentina.
La trama de “La Camarita”
Según los fiscales, “La Camarita” era una caja de seguridad ubicada en la residencia oficial de la vicepresidenta, María Santiago, utilizada como punto de transferencia de fondos. Los registros de los cuadernos indicarían que el circuito de sobornos, gestionado por el empresario Gerardo Gómez y el ex‑intendente de La Plata Jorge Ferrer, cobró una comisión de entre el 10 % y el 15 % sobre los montos transferidos.
Montos recaudados
El Ministerio Público Fiscal estima que el total de fondos canalizados a través de “La Camarita” supera los US$30 millones. De esa cifra, aproximadamente US$8 millones habría sido destinado directamente a los fondos de campaña de la coalición oficial, mientras que el resto se habría distribuido entre empresarios afines a la obra pública.
Desarrollo de la octava audiencia
El jueves 6 de diciembre de 2025 se celebró la octava audiencia del juicio oral en el Tribunal Federal de Casación Penal. Durante la sesión, la presidenta del bloque de la Cámara de Diputados, Cristina Kirchner, compareció junto a varios acusados, entre ellos el exsecretario de Obras Públicas Ricardo Pérez y el empresario del sector energético Luis Mendoza. Se presentaron nuevas pruebas documentales que detallan la supuesta cartelización de la obra pública entre los grupos empresariales de la firma Constructora del Sur y la Consorcio Argentino de Infraestructura.
Acusaciones de cartelización
El fiscal a cargo, la Dra. María López, denunció que los testimonios y los registros bancarios evidencian una “cartelización” del sector de la construcción, donde los licitantes repartían los contratos a cambio de una cuota fija que alimentaba el “código de retornos”. El tribunal admitió las nuevas acusaciones y ordenó la incorporación de una pericia contable para rastrear los flujos.
Repercusiones políticas y sociales
La causa ha generado un intenso debate en la opinión pública y en el Congreso. Mientras la oposición condena la supuesta impunidad, el oficialismo ha calificado los cargos de “persecución política”. Los analistas destacan que el juicio podría marcar un hito en la lucha contra la corrupción estructural en Argentina, al revelar mecanismos de pago en efectivo que operan al margen de los sistemas de control fiscal.
Próximos pasos
El tribunal fijó la siguiente audiencia para el 20 de diciembre de 2025, donde se escucharán los alegatos de la defensa. Asimismo, la fiscalía ha solicitado la intervención de la Comisión Anticorrupción del Congreso para que revise las conclusiones del proceso y proponga reformas legislativas.