Autoridades de Bolivia arrestaron al ex mandatario Luis Arce, bajo sospecha de delitos vinculados a la malversación de fondos públicos. La medida, anunciada por los medios el 10 de diciembre de 2025, ha generado una intensa reacción en la política regional y plantea interrogantes sobre la gestión de su gobierno entre 2020 y 2024.
Contexto político y antecedentes
Luis Arce, economista de formación, ocupó la Presidencia de Bolivia desde noviembre de 2020 hasta noviembre de 2024, tras desempeñarse como ministro de Economía bajo el gobierno de Evo Morales. Durante su mandato se registró un notable crecimiento del PIB y una reducción de la pobreza, lo que le valió reconocimiento internacional.
Detalles del arresto
Según reportes de Clarin.com, Infobae, La Nación, MDZ Online y El País, el ex presidente fue detenido en La Paz el lunes 9 de diciembre de 2025, después de que la Fiscalía boliviana presentara una causa penal por presunta corrupción. Las investigaciones apuntan a una posible malversación de fondos públicos vinculada a contratos de obra pública y a la supuesta recepción de beneficios económicos indebidos.
Reacción institucional
El Ministerio de Gobierno emitió un comunicado confirmando la detención y reiteró que el proceso seguirá los cauces legales, subrayando la independencia del poder judicial. Por su parte, miembros del Movimiento al Socialismo (MAS) y de la oposición expresaron divergencias: algunos calificaron la medida como un “golpe político”, mientras que otros la vieron como una “prueba de la lucha contra la corrupción”.
Implicancias para Bolivia y la región
El caso podría afectar la estabilidad política interna y la percepción internacional sobre la gobernabilidad boliviana. Analistas de política latinoamericana advierten que la vía judicial podría convertirse en un referente para futuros casos de corrupción en la región.
Próximos pasos
Arce deberá comparecer ante el tribunal en los próximos días para responder a los cargos. La Fiscalía seguirá reuniendo pruebas y se espera la presentación formal de la acusación. Mientras tanto, la sociedad civil y los organismos internacionales seguirán de cerca el desarrollo del proceso.
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