Estados Unidos sancionó esta semana a los sobrinos de Nicolás Maduro, acusados de narcotráfico, y a varias compañías navieras implicadas en el transporte de petróleo venezolano, intensificando la presión económica sobre el régimen de Caracas.
Sanctions targeting Maduro’s family and oil logistics
El Departamento del Tesoro de EE.UU., a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), anunció sanciones contra dos sobrinos del presidente venezolano, identificados como Wilmer y Alejandro Maduro, acusados de actuar como intermediarios en red de narcotráfico que financia al gobierno.
Además, la medida incluye a cinco empresas navieras que, según la administración estadounidense, facilitan el transporte del crudo venezolano al mercado internacional, violando sanciones previas y contribuyendo al flujo de recursos al régimen.
Empresas sancionadas
- Maritime Shipping Company Ltd.
- Petroleos del Caribe S.A.
- Venezuelan Oil Transport Inc.
- Atlantic Oil Logistics
- Caribbean Energy Transport
Incautación de buques petroleros
En un movimiento paralelo, la Marina de EE.UU. confiscaron un buque petrolero frente a la costa venezolana, bajo acusaciones de transportar crudo sin la autorización requerida. Según la Casa Blanca, el buque será remolcado a territorio estadounidense donde su carga será decomisada.
Posteriormente, un superpetrolero de bandera iraní, detenido en aguas caribeñas, también fue incautado. Las autoridades afirman que el buque estaba involucrado en esquemas de evasión de sanciones y que su carga será investigada y, de confirmarse irregularidades, también será confiscada.
Repercusiones políticas y económicas
Estas acciones refuerzan la estrategia de EE.UU. de ejercer presión financiera y logística sobre el gobierno de Maduro, buscando debilitar sus fuentes de financiamiento, tanto del sector petrolero como del narcotráfico. Analistas internacionales señalan que la medida podría complicar aún más la ya delicada situación económica de Venezuela, que depende críticamente de los ingresos del petróleo.
El gobierno venezolano ha calificado las sanciones como “intervención ilegal” y ha prometido responder mediante la defensa de su soberanía y la búsqueda de aliados estratégicos.