Un informe elaborado por una consultora independiente revela que el proyecto de reforma laboral presentado por el Gobierno argentino lograría recortar en un 38% los costos laborales no salariales, una cifra que podría impulsar la competitividad y la generación de empleo en el país.
Resumen del informe
El estudio, publicado en diciembre de 2025, analiza el impacto financiero de la reforma laboral propuesta por el Presidente Javier Milei. Según los autores, la medida permitiría reducir un 38 % de los costos no salariales —aquellos vinculados a contribuciones patronales, seguros sociales y otras cargas obligatorias— sin afectar el salario neto de los trabajadores.
¿Qué son los costos no salariales?
Los costos no salariales comprenden todas las obligaciones que el empleador debe pagar además del sueldo, como aportes a la seguridad social, seguros de salud, aportes al fondo de desempleo y contribuciones patronales al impuesto a las ganancias. En Argentina, estas cargas pueden superar el 50 % del salario bruto, encareciendo la contratación.
Metodología del estudio
La consultora realizó un análisis comparativo entre la normativa actual y la propuesta de reforma, aplicando datos de la Encuesta Permanente de Hogares y de la Bolsa de Trabajo. Se simularon escenarios para empresas de distintos tamaños y sectores, evaluando el efecto sobre la rentabilidad y la creación de puestos.
Impacto esperado
Entre los principales resultados, el informe destaca:
- Una reducción promedio del 38 % en los costos no salariales para empresas con más de 50 empleados.
- Un potencial aumento del 3,5 % en la contratación formal durante los próximos dos años.
- Mejoras en la competitividad internacional, al alinear la carga laboral argentina con la de países de la OCDE.
Reacciones y análisis
Expertos de la academia y representantes sindicales han expresado opiniones encontradas. Mientras algunos economistas celebran la medida como un paso necesario para revitalizar la economía, otros advierten sobre posibles riesgos para la cobertura social de los trabajadores. El proyecto sigue bajo debate en el Congreso, donde se espera su votación definitiva a finales de diciembre.