Una auditoría de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) reveló que alrededor de 180.000 personas registradas como beneficiarias del Certificado Único de Discapacidad (CUD) aparecen como fallecidas en el Registro Nacional de las Personas, pero siguen activas en el sistema de percepciones. El Ejecutivo ordenó su baja inmediata y estudia acciones judiciales contra los involucrados.
¿Qué es el Certificado Único de Discapacidad?
El CUD es un documento gratuito que, tras una evaluación interdisciplinaria, acredita la condición de discapacidad y habilita el acceso a prestaciones sociales, médicas y económicas otorgadas por el Estado argentino.
El hallazgo de la auditoría
En una revisión cruzada entre la base de datos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), se detectaron 178.000 beneficiarios que aparecen como fallecidos pero siguen registrados como activos para percibir ayudas.
Antecedentes y contexto político
El proceso de auditoría fue impulsado por el interventor de la ANDIS, el médico sanitarista Alejandro Vilches, quien asumió el cargo en septiembre tras la polémica salida del exdirector Diego Spagnuolo. Spagnuolo había sido señalado en audios por presunto cobro de coimas para la habilitación de certificados; él asegura que los audios fueron manipulados con inteligencia artificial.
Medidas inmediatas y posibles acciones legales
El Gobierno ordenó la baja inmediata de los certificados identificados y está estudiando iniciar acciones judiciales tanto contra los beneficiarios que habrían cobrado indebidamente como contra los prestadores de salud que facturaron servicios para personas fallecidas.
Se realizará un segundo cruce de datos para identificar a los profesionales y entidades involucradas en la presunta fraude.
Repercusiones en la política de discapacidad
El hallazgo se produce en medio de intensos debates sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad, cuyo intento de derogación fue rechazado por el Congreso. La auditoría integral de la ANDIS, que también revisa pensiones no contributivas y compras de medicamentos de alto costo, seguirá abierta y se espera su informe final a finales del primer trimestre de 2026.
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