El bloque de diputados del PRO, encabezado por Cristian Ritondo, presentó un recurso de amparo ante la Justicia para anular la resolución 7018‑D‑2025 que, en la madrugada del 18 de diciembre, designó a tres auditores de la Auditoría General de la Nación (AGN). El partido califica el proceso como ‘abiertamente inconstitucional’ por la falta de debate, transparencia y respeto al temario constitucional.
Antecedentes
El 18 de diciembre de 2025, durante una sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados convocada por el Ejecutivo, se aprobó la resolución 7018‑D‑2025 que nombró a tres auditores generales de la Nación: Rita Mónica Almada (del bloque La Libertad Avanza), Juan Ignacio Forlón (candidato kirchnerista) y Cinthia Pamela Calletti (vinculada al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz). La votación tuvo lugar cerca de las 03:00 h, sin publicidad, debate parlamentario ni cumplimiento de los procedimientos reglamentarios habituales.
El recurso de amparo
El presidente del bloque PRO en Diputados, Cristian Ritondo, firmó un recurso de amparo que se presentó ante la Justicia el 21 de diciembre de 2025. El documento, de 29 páginas, está patrocinado por la abogada Tiziana Díaz y solicita que se declare la inconstitucionalidad y nulidad absoluta de la resolución, y que se dicte una medida cautelar que impida a los designados asumir sus cargos hasta una sentencia definitiva.
Argumentos del PRO
- Violación del artículo 63 de la Constitución Nacional, que establece que solo los asuntos incluidos en el temario de la sesión pueden ser votados; la convocatoria presidencial no contemplaba la designación de auditores.
- Incumplimiento del artículo 65, al realizar la votación sin dictamen previo, sin debate ni publicidad, vulnerando derechos políticos de los diputados.
- Falta de transparencia: ausencia de informe de comisión, dictamen previo, circulación de antecedentes de los candidatos y acuerdo de Labor Parlamentaria.
¿Qué es la Auditoría General de la Nación?
La AGN es un órgano constitucional encargado de controlar la gestión y el uso de los recursos públicos. No es un ente administrativo interno, sino una pieza clave del sistema de control del Estado, cuyo funcionamiento debe respetar la Constitución y la normativa vigente.
Implicancias institucionales
Para el PRO, la designación irregular “afecta de manera directa los derechos políticos de los diputados y quiebra el equilibrio institucional del sistema de control del Estado”. El bloque advierte que la AGN, operando sin la debida legitimidad, compromete la transparencia y la confianza ciudadana en las instituciones.
Próximos pasos
El recurso de amparo está pendiente de resolución judicial. Mientras tanto, el PRO ha pedido a la Justicia que impida a los tres designados ejercer sus funciones y ha reiterado que su objetivo no es político sino la defensa del orden constitucional y la transparencia institucional.
Fuente: Ámbito