El Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal n.º 11 emitió una medida cautelar que obliga al gobierno a cumplir los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, garantizando la actualización salarial de docentes y la reposición de becas estudiantiles en todas las universidades públicas argentinas.
Antecedentes y contexto legal
En octubre de 2025 la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario fue sancada por el Congreso, estableciendo la actualización automática de los salarios docentes y de las becas estudiantiles según el índice inflacionario (artículos 5 y 6). Sin embargo, el Ejecutivo, mediante el Decreto 795/2025, suspendió su aplicación alegando falta de previsión presupuestaria.
La acción judicial
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) presentó a fines de octubre un proceso colectivo solicitando la declaración de inconstitucionalidad del decreto y el cumplimiento inmediato de la ley. El Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal n.º 11, a cargo del juez Martín Cormick, falló a favor del CIN el 23 de diciembre de 2025, concediendo la cautelar solicitada.
¿Qué ordenó la cautelar?
- Declarar inaplicable, respecto a la Ley 27.795, lo dispuesto en el Decreto 795/2025.
- Ordenar la actualización salarial de docentes y no docentes de todas las universidades públicas según el índice de inflación.
- Restablecer el pago de becas estudiantiles con los ajustes previstos en la ley.
Reacciones de los protagonistas
Pablo Perazzi, secretario general de FEDUBA, calificó el fallo como “un paso más en la pelea contra el plan de desmantelamiento de la educación pública”.
Federico Montero (FEDUBA/CONADU) afirmó que la medida revierte la estrategia de recortes del 40 % en salarios y becas que el gobierno intentó perpetrar.
Francisca Staiti, secretaria general de CONADU, resaltó la importancia de la decisión para iniciar con normalidad el ciclo lectivo 2026.
Joaquín Carvalho, presidente de la Federación Universitaria Argentina (FUA), señaló que “involucrar al Poder Judicial era lo último que faltaba para hacer respetar la ley”.
Implicancias para el futuro
La medida permite que las universidades públicas cuenten con recursos salariales y becarios dignos, condición indispensable para el funcionamiento de la educación superior y para garantizar el derecho constitucional a la educación. La sentencia también sienta un precedente jurídico que podría frenar futuros intentos de suspensión de normativas universitarias.
Fuente: Feduba – Cautelar a favor del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario