El Senado aprobó el Presupuesto Nacional 2026 sin el histórico Fondo de Enseñanza Técnico Profesional, derogando la Ley 26.058 de 2005. La medida, impulsada por el gobierno de Javier Milei, eliminará el financiamiento específico de más de 1.700 escuelas técnicas públicas, generando una caída proyectada del 93 % respecto a 2023 y provocando la protesta de docentes y organismos gremiales.
Contexto del fondo técnico
Desde la promulgación de la Ley 26.058 de Educación Técnico‑Profesional en 2005, la Argentina contaba con un “fondo de enseñanza técnico profesional” que representaba el 0,2 % de los gastos corrientes del presupuesto nacional. Este recurso permitía el funcionamiento de más de 1.700 escuelas secundarias técnicas públicas y cerca de 600 privadas, así como 1.400 centros de formación profesional. En 2024, el Instituto Nacional de Educación Técnica informó que el sistema atendía a 1,4 millones de estudiantes.
La sanción del Presupuesto 2026
El viernes 27 de diciembre de 2025, después de ocho horas de debate, el Senado sancionó la Ley de Presupuesto 2026 con 45 votos afirmativos, 25 negativos y una abstención. Entre los avales estuvieron los senadores peronistas Guillermo Andrada (Catamarca), Sandra Mendoza (Tucumán) y Carolina Moisés (Jujuy). Los artículos 12 y 30 del capítulo 2 fueron los que, al ser aprobados, eliminaron el fondo técnico, dieron discrecionalidad al Ministerio de Educación para retener o suspender fondos universitarios y suprimieron las metas de inversión en ciencia y tecnología.
Impacto económico y educativo
Según un informe del Centro de Implementación de Políticas de Educación (Cepa), el nuevo presupuesto implica una caída acumulada del 93 % respecto a 2023, del 62 % respecto a 2024 y del 67 % respecto a 2025 en la ejecución del financiamiento técnico. En 2025, solo se ejecutó el 10,8 % del monto que la propia ley exigía. Sin el fondo, escuelas como la Técnica N° 1 de Trenque Lauquen, que atiende a 400 alumnos, enfrentarán graves dificultades para adquirir insumos como electrodos de soldadura (15.000 pesos por kilo) y otras herramientas indispensables para los talleres.
Reacciones de la comunidad educativa
La Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (Amet) encabezó una marcha al Congreso. Ernesto Cepeda, secretario adjunto de Amet, denunció la “crisis de insumos” que obliga a algunas familias a cubrir costos de hasta 50.000 pesos. Adriana Persain, exdirectora con 26 años de experiencia, resaltó que la falta de fondos impediría a los estudiantes realizar prácticas profesionales, poniendo en riesgo la continuidad de la matrícula. Diego Golombek, ex‑director del IMET, advirtió que la derogación socavará proyectos de futuro en áreas como inteligencia artificial, energías renovables y sistemas sustentables, impactando la competitividad del país.
Perspectivas a corto plazo
El gobierno de Milei ha presentado el recorte como parte de una “reforma estructural” para estabilizar la macroeconomía, pero analistas advierten que la pérdida del fondo técnico puede traducirse en una escasez de mano de obra calificada y una mayor dependencia de la importación de bienes de consumo intermedios. La cuestión de cómo volver a financiar la educación técnica seguirá siendo un punto de tensión en la agenda legislativa del próximo año, mientras el Congreso debate la necesidad de alcanzar los dos tercios requeridos para futuras reformas.