A partir del 2 de enero de 2026 el Gobierno nacional aprobó aumentos en las tarifas de los servicios esenciales. Los usuarios residenciales verán incrementos promedio de entre 2,5% y 4% en electricidad, gas y agua, con cambios en la clasificación de usuarios y la posible eliminación de subsidios energéticos.
Aumento de tarifas en el comienzo del 2026
El Ejecutivo argentino dio a conocer, mediante resoluciones oficiales publicadas el 31 de diciembre de 2025, que los precios de los servicios públicos se actualizarán en enero. Los ajustes oscilan entre 2,5% y 4% en promedio para los usuarios residenciales, sin incluir la futura supresión de subsidios.
Electricidad
En la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense (concesiones de Edenor y Edesur) el aumento será del 2,5% en promedio. En el resto del país el precio mayorista subirá 3,2%, mientras que cada provincia o municipio fijará el importe final de la distribución.
Gas natural por redes
El incremento anunciado se sitúa entre 2% y 3%. El precio mayorista del gas pasará a 3,79 dólares por millón de BTU, frente al nivel actual de 2,95 dólares para Metrogas, lo que podría generar aumentos superiores al 10% en algunas regiones.
Agua y cloacas (AySA)
La empresa estatal recibirá autorización para aplicar un ajuste mensual del 4% entre enero y abril de 2026, acumulando un 17% en ese período. Las facturas promedio, antes de impuestos, quedarán en:
- 30.489 pesos para el rango “alto”.
- 27.689 pesos para el rango “medio”.
- 22.248 pesos para el rango “bajo”.
Nueva clasificación tarifaria
El esquema de segmentación vigente hasta 2025 será sustituido por una clasificación de solo dos categorías para usuarios residenciales. Los bloques de consumo subsidiado variarán según la estación del año y entrarán en vigor el 2 de enero de 2026.
Futuro regulatorio
El Gobierno prevé la fusión de los entes reguladores de gas y electricidad en un único organismo con control parlamentario, buscando una regulación más homogénea del sector energético.
Estas medidas buscan garantizar la sustentabilidad económica de los servicios públicos mientras se avanza en la reducción del déficit fiscal y la desregulación de los mercados.
Fuente: Infobae