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Milei suspende nuevas contrataciones en el sector público y define excepciones estratégicas

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El Gobierno de Javier Milei, a través del decreto 934/2025 publicado el 2 de enero de 2026, detiene toda nueva contratación en la administración pública nacional, estableciendo un estricto esquema de reemplazo y una lista de excepciones para sectores críticos como la educación, la salud y las fuerzas de seguridad.

¿Qué dispone el decreto 934/2025?

El Ejecutivo firmó en la madrugada del 2 de enero de 2026 el decreto 934/2025, publicado en el Boletín Oficial, que ordena la suspensión general de nuevas contrataciones y designaciones en la administración pública nacional. La medida forma parte del plan de restructuración estatal impulsado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, cuyo objetivo es racionalizar el gasto y mantener el equilibrio fiscal.

Alcance de la prohibición

Quedan excluidas del veto cualquier modalidad de contratación: plantas transitorias, contratos temporales, a plazo fijo, tiempo parcial, eventual y prestaciones de servicios autónomos. La prohibición se extiende a personal permanente, transitorio y a cualquier relación de dependencia.

Excepciones previstas

El decreto enumera los sectores que pueden seguir contratando:

  • Universidades y el sector de educación superior.
  • Servicio Penitenciario Federal.
  • Fuerzas Armadas y de Seguridad (excluyendo a su personal civil).
  • Personal profesional de hospitales, centros asistenciales e institutos de investigación.
  • Sistema Nacional de Manejo del Fuego y cuerpo de guardaparques nacionales.
  • Artistas y profesionales vinculados a la Secretaría de Cultura (prestaciones intelectuales o suplencias en cuerpos artísticos estables).
  • Designaciones de personal de gabinete, prórrogas de contratos vigentes, y cumplimiento del cupo de discapacidad (Ley N° 22.431).

Mecanismo de reemplazo controlado

Para evitar la desarticulación de la administración, el texto permite que cada dependencia incorpore un empleado por cada dos bajas que se produzcan en 2026, siempre que no sean retiros voluntarios ni acuerdos de salida. La incorporación requiere autorización previa de la Subsecretaría de Modernización y Desarrollo del Empleo Público. En casos estratégicos, se autoriza dos contrataciones por una baja siempre que la entidad demuestre una necesidad acreditada.

Extensión y derogación de normativas anteriores

El mismo decreto deroga el Decreto N° 1148 (30 de dic. 2024) y prorroga hasta el 31 de diciembre de 2026 la Decisión Administrativa 28</strong, emitida el 1 de febrero 2024, que ya limitaba las contrataciones estatales.

Impacto económico y fiscal

Según los considerandos del Gobierno, entre diciembre 2023 y octubre 2025 la reducción de la dotación del sector público nacional redujo la plantilla en aproximadamente 60 000 puestos, generando un ahorro anual de ≈ 3.491,250 millones de pesos. Estas políticas, combinadas con otras medidas de ajuste, permitieron 22 meses consecutivos de superávit fiscal y la caída de la inflación del 211,4 % (interanual) a 31,3 % a octubre 2025.

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