La ley de Ficha Limpia, que busca impedir que condenados por corrupción ocupen cargos públicos, enfrenta horas decisivas en el Senado. Mientras el kirchnerismo anticipa un revés y lanza un desafío a Javier Milei de cara a las elecciones de 2027, acusándolo de ‘tener miedo’, el oficialismo y la oposición intercambian señales contradictorias sobre el apoyo necesario para aprobar la iniciativa.
El proyecto de ley conocido como ‘Ficha Limpia’, que propone impedir que personas con condenas judiciales firmes por delitos de corrupción puedan postularse a cargos públicos electivos, se encuentra en un momento crítico en el Senado argentino. Esta iniciativa, impulsada originalmente por sectores de la oposición como Juntos por el Cambio, busca establecer un estándar ético en la política, alineándose con demandas ciudadanas de mayor transparencia y lucha contra la corrupción. Sin embargo, su tratamiento legislativo ha desatado tensiones entre el oficialismo y la oposición, mientras el kirchnerismo, liderado por figuras cercanas a Cristina Kirchner, se posiciona en contra y eleva el tono de confrontación.
En las últimas horas, fuentes legislativas han revelado que el oficialismo, representado por La Libertad Avanza y aliados, no tendría los votos suficientes para garantizar la aprobación del proyecto. Según reportes, el gobierno de Javier Milei ha filtrado que carece del respaldo necesario, lo que genera incertidumbre sobre el destino de la ley. Esta situación ha sido criticada por figuras como Mauricio Macri, ex presidente y líder de PRO, quien acusó al gobierno de demorar intencionalmente el tratamiento de la norma, señalando que ‘la transparencia no debería ser negociable’.
Por su parte, el kirchnerismo ha adoptado una postura desafiante. Voceros del sector han declarado que están preparados para un revés en caso de que la ley sea aprobada, pero aprovecharon la coyuntura para enviar un mensaje directo a Milei de cara a las elecciones presidenciales de 2027. ‘Le tiene miedo a enfrentarnos en las urnas’, afirmó un referente cercano a Unión por la Patria, sugiriendo que el oficialismo teme un resurgimiento del peronismo en los próximos comicios. Este cruce de declaraciones añade un componente político-electoral a un debate que, en teoría, debería centrarse en la ética pública.
El proyecto de Ficha Limpia no es nuevo en el Congreso. Desde su presentación inicial en 2019, impulsado por legisladores como Silvia Lospennato (PRO), ha enfrentado múltiples obstáculos, incluyendo rechazos y modificaciones. La iniciativa plantea que cualquier persona con una condena firme en segunda instancia por delitos contra la administración pública no pueda presentarse como candidato. Sus defensores argumentan que esto fortalecería la confianza en las instituciones democráticas, mientras que sus detractores, incluidos sectores del kirchnerismo, sostienen que podría ser utilizado como herramienta de persecución política, especialmente en un contexto de alta judicialización de la política en Argentina.
A nivel comparativo, países como Brasil han implementado normativas similares desde 2010 con la ‘Lei da Ficha Limpa’, que ha resultado en la inhabilitación de cientos de candidatos con antecedentes penales. En Argentina, de aprobarse, la ley podría impactar a figuras políticas de distintos espacios que enfrentan procesos judiciales, aunque su aplicación dependería de los términos finales del texto y de su reglamentación.
Mientras el Senado se prepara para una sesión clave, la sociedad observa con atención. Según encuestas recientes, más del 70% de los argentinos apoya medidas que promuevan la transparencia en la política, lo que pone presión adicional sobre los legisladores. Sin embargo, las divisiones políticas y las estrategias electorales podrían definir el futuro de Ficha Limpia, en un escenario donde la ética y el cálculo político parecen ir de la mano.
