El oficialismo maniobra para frenar la aprobación de ‘Ficha Limpia’, un proyecto que impediría a condenados por corrupción ocupar cargos públicos. Esta iniciativa, impulsada por el PRO, genera tensiones en el Senado mientras el peronismo y el kirchnerismo intentan evitar un triunfo político de la oposición. Un debate crucial sobre ética y transparencia se libra en medio de desconfianzas.
La ley ‘Ficha Limpia’, un proyecto que busca impedir que personas con condenas judiciales por delitos de corrupción puedan ocupar cargos públicos electivos, se encuentra en el centro de una feroz batalla política en el Senado argentino. Impulsada por el PRO y apoyada por sectores de la oposición, la iniciativa representa un paso hacia la transparencia y la lucha contra la impunidad, valores que deberían ser prioritarios en cualquier democracia moderna. Sin embargo, el Gobierno nacional, liderado por figuras del peronismo y el kirchnerismo, parece decidido a bloquear su aprobación, no tanto por discrepancias ideológicas, sino por un cálculo político mezquino: evitar que la oposición, en particular el PRO y la diputada Silvia Lospennato, se anote un triunfo resonante en la opinión pública.
El proyecto, que ya cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados desde 2022, establece que los candidatos con condenas confirmadas en segunda instancia por delitos dolosos como cohecho, malversación de fondos o enriquecimiento ilícito no puedan presentarse a elecciones. Esta medida, inspirada en leyes similares de países como Brasil (Ley de Ficha Limpa, vigente desde 2010), busca garantizar que quienes aspiren a representar a los ciudadanos cumplan con estándares éticos mínimos. Según un informe de la ONG Poder Ciudadano, en Argentina, al menos el 10% de los candidatos en las últimas elecciones legislativas de 2021 tenían causas judiciales abiertas por corrupción, lo que subraya la urgencia de una normativa como esta.
Sin embargo, el oficialismo, con su histórica resistencia a medidas que limiten el poder de sus dirigentes, ha filtrado a través de medios afines que ‘no están los votos’ para aprobar la ley en el Senado. Esta estrategia no solo refleja una falta de compromiso con la transparencia, sino también un intento desesperado por proteger intereses personales y partidarios. El peronismo y el kirchnerismo, con un largo historial de escándalos de corrupción que han dañado la confianza pública —como los casos emblemáticos de los ‘Cuadernos de las Coimas’ o las condenas a figuras como Cristina Kirchner por fraude en la obra pública—, ven en ‘Ficha Limpia’ una amenaza directa a su estructura de poder.
Desde el punto de vista pro-mercado y antisocialista que defendemos en Imago, esta resistencia del oficialismo es un nuevo ejemplo de cómo el intervencionismo estatal y las políticas populistas priorizan el beneficio de una casta política sobre el bien común. Mientras el sector privado y los ciudadanos exigen reglas claras y accountability, el Gobierno parece más interesado en perpetuar un sistema donde la impunidad es moneda corriente. La aprobación de ‘Ficha Limpia’ no solo sería un avance en términos de ética pública, sino también un mensaje claro a los inversores internacionales de que Argentina está comprometida con la institucionalidad.
El debate en el Senado, que podría definirse en las próximas semanas, es un momento decisivo. La oposición, liderada por el PRO y otros bloques, insiste en que la ley es un reclamo de la sociedad, cansada de ver cómo figuras cuestionadas ocupan cargos de poder. Según una encuesta de Poliarquía de 2022, el 78% de los argentinos apoya que los condenados por corrupción no puedan ser candidatos. Sin embargo, las maniobras del oficialismo y sus aliados podrían frustrar este anhelo colectivo. En un país que lucha por recuperar la confianza en sus instituciones, bloquear ‘Ficha Limpia’ sería un retroceso imperdonable, una señal más de que el peronismo y el kirchnerismo están dispuestos a sacrificar la ética en el altar de su conveniencia política.
