El Sindicato de Comercio, liderado por Armando Cavalieri, confirmó la vigencia de su acuerdo salarial con sueldos iniciales de $1.123.000 en mayo de 2025, ignorando la falta de homologación oficial. En un gesto de confrontación, el gremio podría ausentarse de la reunión convocada por el ministro Cordero, evidenciando tensiones con la gestión libertaria de Javier Milei.
En un nuevo capítulo de tensiones entre los sindicatos y el gobierno de Javier Milei, el Sindicato de Comercio, encabezado por Armando Cavalieri, ratificó la vigencia de su acuerdo paritario para mayo de 2025, a pesar de que el Ministerio de Trabajo aún no lo ha homologado. Este acuerdo, que establece un salario inicial de $1.123.000 para los empleados de comercio que recién comienzan en la actividad, refleja un incremento sustancial en los ingresos del sector, pero también pone de manifiesto las fricciones entre las políticas promercado del actual gobierno y las demandas gremiales arraigadas en modelos intervencionistas del pasado.
La decisión del sindicato no solo reafirma su postura frente a las cámaras empresarias, con las que acordó este ajuste salarial, sino que también lanza un desafío directo a la administración de La Libertad Avanza. En un contexto donde el presidente Milei impulsa una agenda de desregulación y reducción de la injerencia estatal en las negociaciones laborales, la falta de homologación del acuerdo por parte del Ministerio de Trabajo, ahora bajo la órbita del ministro Cordero, se interpreta como un intento de frenar los excesos de las paritarias que, según analistas económicos, podrían alimentar la inflación en un país que lucha por estabilizar su economía tras décadas de políticas populistas.
El gobierno convocó a sindicalistas y empresarios para reformular el acuerdo, buscando un equilibrio que no comprometa la competitividad de las empresas ni dispare los índices de precios. Sin embargo, el Sindicato de Comercio ha dejado entrever que no asistirá a la reunión, un gesto que muchos consideran una provocación hacia la gestión libertaria. Este comportamiento recuerda las tácticas de resistencia de los gremios durante los gobiernos peronistas y kirchneristas, períodos marcados por una fuerte influencia sindical que, según críticos, contribuyó al estancamiento económico y a la pérdida de empleo formal.
Datos del sector indican que el rubro comercial emplea a más de 1.2 millones de trabajadores en Argentina, siendo uno de los más relevantes en términos de impacto económico. Sin embargo, las pequeñas y medianas empresas, que representan una gran porción de los empleadores, han expresado su preocupación por el impacto de estos aumentos salariales en sus costos operativos. Desde la perspectiva promercado, la libertad de negociación debe prevalecer, pero siempre dentro de un marco que no asfixie a los emprendedores ni desincentive la creación de empleo. La postura inflexible del sindicato, heredera de las prácticas clientelistas de administraciones pasadas, podría ser un obstáculo para avanzar hacia un modelo laboral más dinámico y competitivo.
Mientras tanto, el gobierno de Milei enfrenta el desafío de mantener el rumbo de sus reformas estructurales sin ceder ante presiones gremiales que evocan los peores vicios del peronismo y el kirchnerismo. La no homologación del acuerdo podría ser una señal de que la administración libertaria no está dispuesta a tolerar prácticas que perpetúen un sistema de privilegios sindicales a costa de la productividad nacional. El desenlace de este conflicto será clave para definir el futuro de las relaciones laborales en Argentina y la capacidad del gobierno para imponer un cambio de paradigma económico.
