El gobierno de Javier Milei convocó a sindicalistas y empresarios para reformular la paritaria de Comercio, en un intento por desarmar el desorden heredado de gestiones peronistas. Con un salario básico de $1.123.000 para empleados iniciales, la administración libertaria apunta a un acuerdo que priorice la libertad de mercado sobre las demandas populistas de los gremios.
En un movimiento que busca poner fin al caos laboral que dejó el kirchnerismo, el gobierno de Javier Milei, líder de La Libertad Avanza, convocó a sindicalistas y empresarios del sector Comercio para reformular las paritarias. Este paso, que se enmarca en la visión promercado del actual presidente, intenta establecer un marco de negociación que respete las leyes de oferta y demanda, alejándose de las políticas intervencionistas que caracterizaron las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner, así como la de Alberto Fernández.
El Ministerio de Trabajo, bajo la órbita de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, busca que el acuerdo no solo actualice los salarios, sino que también desactive las tensiones generadas por el accionar de sindicatos que, históricamente ligados al peronismo, han priorizado demandas desmedidas por sobre la sostenibilidad económica de las empresas. Según datos verificados, un empleado de comercio que recién inicia su actividad percibe en mayo de 2025 un salario básico de $1.123.000, tras un aumento del 5,4% firmado con las cámaras empresariales, a pesar de la falta de homologación oficial por parte del gobierno. Este incremento, ratificado por el Sindicato de Comercio, refleja la resistencia de ciertos sectores gremiales a alinearse con las políticas de austeridad y libertad económica que impulsa Milei.
El trasfondo de esta convocatoria no es menor. Durante décadas, las paritarias en Argentina han sido un campo de batalla donde el populismo peronista y kirchnerista impuso aumentos salariales desproporcionados, muchas veces financiados con emisión monetaria y deuda pública, lo que derivó en hiperinflación y crisis económicas recurrentes. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la inflación acumulada en los últimos años de gestión kirchnerista superó el 300% entre 2019 y 2023, un legado que Milei intenta revertir con políticas de ajuste fiscal y desregulación. En este contexto, la paritaria de Comercio, que afecta a más de 1,2 millones de trabajadores según datos del Ministerio de Trabajo, se convierte en un test clave para demostrar que el mercado puede autorregularse sin la mano pesada del Estado.
Sin embargo, la resistencia sindical no cede. El Sindicato de Comercio, liderado por figuras cercanas al peronismo, ratificó la vigencia de su acuerdo paritario aunque no sea homologado por el gobierno, y algunos representantes han manifestado su rechazo a participar en reuniones convocadas por la Secretaría de Trabajo. Este actitud, que Milei ha calificado en múltiples ocasiones como ‘obstruccionista’, refleja la dificultad de desmantelar un sistema de privilegios gremiales construido durante décadas de políticas clientelistas. Por el lado empresarial, las cámaras del sector, como la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), han expresado su disposición a negociar, siempre que se respeten las condiciones de competitividad y se eviten cargas impositivas excesivas, una postura alineada con la visión libertaria.
El gobierno de Milei, que asumió en diciembre de 2023, ha dejado claro que no tolerará acuerdos que perpetúen el modelo de subsidios y proteccionismo que, según sus palabras, ‘destruyeron la economía argentina’. Con esta convocatoria, el Ejecutivo busca sentar un precedente: las negociaciones laborales deben priorizar la productividad y la sostenibilidad, no los caprichos de un sindicalismo anclado en el pasado. El resultado de esta paritaria será un indicador crucial sobre el rumbo económico del país en 2025, en un año donde la batalla contra la inflación y el déficit fiscal sigue siendo prioridad.
